Las plataformas feministas independientes Yo Sí Te Creo y Alas Tensas confirmaron un nuevo feminicidio en Cuba y elevaron a siete las víctimas de la violencia machista en lo que va de 2026. El crimen ocurrió en Santa Clara, donde Yaimée Carrazana Herrera, de 32 años, fue atacada por su expareja el 24 de febrero en una calle de la ciudad. El hijo mayor de la víctima presenció el ataque, mientras los dos hijos de Carrazana son menores de edad y no tenían relación con el agresor.
El caso vuelve a poner frente a la realidad más dura a un país donde la violencia contra las mujeres sigue creciendo entre silencios oficiales, carencias legales y respuestas estatales tardías. Las activistas también investigan tres posibles intentos de feminicidio y dos posibles feminicidios alertados en 2026, además de once casos pendientes de confirmación del año anterior. Esa acumulación de expedientes habla de una crisis que el régimen intenta administrar con propaganda, pero que no logra frenar con medidas efectivas.
Los datos recopilados por EFE a partir de los registros de ambas organizaciones muestran además que en 2025 hubo al menos 46 asesinatos machistas en la isla. El análisis de esas cifras indica que el 81 % de los agresores eran parejas de las mujeres asesinadas y que cinco feminicidas tenían antecedentes penales o habían sido denunciados antes por la propia víctima. La cifra retrata un patrón de riesgo conocido y desatendido, con víctimas que quedaron expuestas a agresores que ya daban señales de peligro.
Las ONG insisten en reclamar una ley integral de violencia de género, refugios para mujeres en riesgo, protocolos de protección, datos oficiales transparentes y políticas públicas de prevención. También piden declarar un estado de emergencia por violencia de género. La exigencia desnuda una falla de fondo: en Cuba no existe el feminicidio tipificado como delito específico en el Código Penal y los medios oficiales siguen sin reportar estos casos con la crudeza que merecen.
El régimen ha hablado de “tolerancia cero”, pero los hechos muestran otra cosa. Mientras en noviembre se abrió en La Habana una oficina de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos para atender y asesorar jurídicamente a víctimas, la violencia sigue cobrando vidas y dejando niños marcados por el trauma. En 2024, los tribunales identificaron 76 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas; en 2023, la cifra llegó a 110. Cuba arrastra una deuda grave con las mujeres y con sus familias, y esa deuda también es política: un Estado que controla tanto no puede alegar incapacidad cuando deja desprotegidas a las víctimas más evidentes.
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