El canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, volvió a hablar de soberanía económica este martes para asegurar que la isla tiene “disposición y capacidad” de comerciar con cualquier nación. Lo hizo en X, mientras la economía sigue atrapada en una crisis que el propio aparato oficial intenta maquillar con una apertura controlada y sin perder el mando.
Rodríguez defendió el derecho de Cuba a desarrollar relaciones comerciales sin interferencias externas y cuestionó que una potencia pueda dictar con qué países debe comerciar otro Estado. Su mensaje coincidió con la promoción de un nuevo marco legal que regula asociaciones entre empresas estatales y actores no estatales, incluidas mipymes privadas y cooperativas.
La norma, recogida en el Decreto-Ley 114/2025, crea la Sociedad de Responsabilidad Limitada mixta y abre la puerta a capital combinado entre el sector estatal y el privado nacional. También permite que entidades estatales entren en mipymes ya existentes, las absorban o firmen contratos de asociación económica sin crear una nueva persona jurídica.
Pero esa supuesta flexibilidad queda atada al mismo cerrojo de siempre: todo deberá pasar por la aprobación expresa del Ministerio de Economía y Planificación, que dirige y controla la política nacional en esta materia. Además, el Estado conserva la supervisión sobre la asignación y el control de divisas.
La nueva fórmula deja ver el método del régimen con claridad. Habla de modernización, pero conserva la llave del negocio. Dice impulsar exportaciones e importaciones directas, pero sigue marcando límites en sectores sensibles y exigiendo reportes estratégicos al Estado. En la práctica, la apertura queda subordinada al control político de la economía.
Ese diseño llega en medio de inflación, escasez de combustible y caída de ingresos en divisas, tres golpes que siguen apretando la vida diaria de los cubanos. Mientras el castrismo insiste en vender estas medidas como transformaciones urgentes para estabilizar la economía y aumentar la producción nacional, la estructura centralizada sigue frenando cualquier cambio real.
La declaración de Rodríguez encaja con esa misma lógica propagandística: presentar al régimen como un actor soberano y flexible mientras mantiene un modelo incapaz de resolver la crisis que ha profundizado. La soberanía comercial que invoca el canciller sirve para sostener un sistema que reparte permisos, concentra decisiones y no suelta el control sobre los pocos espacios donde todavía entra dinero.
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