El buque de la Armada de México ARM Papaloapan volvió al puerto de Veracruz después de llevar otra carga de ayuda humanitaria a Cuba, en una operación que sigue alimentando dudas sobre el destino final de esos donativos en la isla. La nave regresó mientras el gobierno mexicano alista un nuevo embarque, en medio de una crisis cubana que deja a la población dependiendo de remesas, mercado informal y auxilios externos para sobrevivir.
Según reportes de la prensa mexicana, el Papaloapan trasladó alimentos y artículos básicos como frijol, arroz, leche líquida, atún, sardinas, aceite vegetal, galletas y productos de higiene. El envío forma parte de un puente marítimo impulsado por México para apoyar a los cubanos ante el desabastecimiento de productos esenciales.
La operación no se detiene ahí. Junto al Huasteco, el buque había llegado a La Habana a finales de febrero con más de 1,100 toneladas de alimentos, en lo que fue el segundo envío humanitario en menos de un mes. En total, de acuerdo con información oficial mexicana, ya han salido hacia la isla más de dos mil toneladas de ayuda desde Veracruz, y todavía quedan pendientes más de 1,500 toneladas de leche en polvo y frijol.
El problema volvió a quedar expuesto cuando un reportaje de TV Azteca denunció que parte de los productos enviados como donación, incluido el llamado “frijol del bienestar”, estaría siendo vendido en tiendas estatales que operan en dólares. La investigación señaló precios de 43 dólares por 30 kilos en distribuidoras mayoristas y de 2.97 dólares por medio kilogramo en tiendas de la cadena TRD Caribe, montos imposibles para la mayoría de los cubanos.
La denuncia no se quedó en las vitrinas. También incluyó testimonios de personas que aseguraron no haber visto ninguno de esos alimentos en sus mesas, pese a las imágenes oficiales de los barcos entrando en la Bahía de La Habana. En un país donde la escasez golpea a diario, cada saco de comida que se pierde entre almacenes, intermediarios o redes estatales se convierte en otra prueba del saqueo institucional que castiga al cubano común.
El Ministerio de Comercio Interior salió a negar que las donaciones se comercialicen y aseguró que los productos se reparten gratuitamente por las bodegas, con prioridad para embarazadas, niños pequeños y personas vulnerables. La directora general de Venta de Mercancías del MINCIN, Marpessa Portal Devilliers, insistió en que las donaciones “no pueden ser comercializadas” y que existen controles para seguir su ruta hasta el consumidor final.
Desde la embajada cubana en México también rechazaron las acusaciones y hablaron de una campaña de “mentiras y desinformación”. El argumento oficial sostiene que los productos vistos en tiendas serían importaciones comerciales legales y no donaciones. Pero la réplica del régimen no borra la sospecha de fondo: cuando la distribución depende de un aparato estatal opaco, la ayuda internacional termina atrapada en el mismo sistema que administra la escasez y decide quién come y quién espera.
La polémica llegó incluso a Washington. La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar volvió a denunciar que la ayuda enviada a la isla termina beneficiando a la élite gobernante y no a la población. La advertencia encuentra eco en una Cuba donde la crisis económica, los apagones y la inflación han dejado a muchas familias sin acceso estable a lo más básico.
Por eso cada barco que sale de Veracruz hacia La Habana despierta una mezcla de alivio y desconfianza. Alivio, porque entra comida en un país roto. Desconfianza, porque el régimen ha hecho del control de los recursos una política de poder, no de servicio. Mientras eso no cambie, hasta la ayuda humanitaria llega cargada de sospechas.
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