Un grupo de universitarios cubanos llevó su protesta a la escalinata de la Universidad de La Habana y terminó frente a un despliegue de seguridad, bloqueos de acceso y maniobras de presión que el propio colectivo denunció como violencia para frenar la manifestación. La escena dejó expuesto, una vez más, cómo el régimen responde cuando los jóvenes intentan organizarse por fuera del control político de las autoridades.
La sentada, impulsada por el colectivo Acción de Reforma Universitaria, tuvo un peso simbólico inmediato: fue la primera ocupación pública de ese lugar desde 1959. Cerca de 30 estudiantes, en su mayoría de la Universidad de La Habana y de otras instituciones del país, se plantaron allí para cuestionar las políticas de la Federación de Estudiantes Universitarios y de las autoridades académicas, y para exigir cambios profundos en el sistema educativo.
La reacción oficial confirmó lo que los propios estudiantes denunciaron. Agentes de la Seguridad del Estado, junto con personal administrativo y docente, bloquearon el área, impidieron que otros jóvenes se sumaran y retuvieron identificaciones de varios participantes. El grupo también reportó que uno de los manifestantes fue reducido físicamente. En paralelo, el viceministro primero de Educación Superior y la rectora de la universidad acudieron al lugar para dialogar con ellos, en una conversación que terminó dos horas después con la salida de los estudiantes de la escalinata.
El comunicado difundido por el colectivo fue claro al calificar lo ocurrido como una violación flagrante del derecho a la manifestación pacífica, un derecho reconocido en la propia Constitución cubana. Los universitarios hablaron además de disuasión, hostigamiento, cooptación, descalificación y sabotaje antes, durante y después de la protesta. Ese lenguaje retrata el método habitual del poder en Cuba: primero encierra, luego presiona y al final pretende vender control como diálogo.
La tentativa de mantener la movilización al día siguiente también chocó con obstáculos. El grupo había convocado una reunión abierta en un parque cercano a la universidad, pero al llegar encontró el lugar ocupado por actividades culturales, una feria agrícola y camiones de limpieza. Habituales del parque dijeron que ese tipo de despliegue no era común en días laborables desde la pandemia. Para los estudiantes, aquello fue una jugada deliberada para impedir la reunión y aislar cualquier intento de organización independiente.
La protesta surgió, además, en medio de la crisis energética que castiga a la isla desde mediados de 2024. Los apagones se han prolongado durante días en varias regiones y han obligado a la población a reorganizar por completo su vida cotidiana. La reciente avería en la central termoeléctrica Antonio Guiteras dejó a seis millones de personas sin electricidad y forzó la suspensión temporal de clases y actividades en La Habana. En ese entorno de colapso, la rebeldía universitaria no habla solo de aulas: habla de un país asfixiado por el fracaso del régimen y por una estructura que pretende controlar hasta la protesta más elemental.
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