Cuatro miembros de la Unión Patriótica de Cuba permanecen detenidos desde finales de enero en el centro de investigación penal de Holguín, acusados por el régimen de haber pintado grafitis antigubernamentales en varios puntos de la provincia. La represión vuelve a caer sobre jóvenes opositores por una forma elemental de protesta que el poder trata como si fuera un delito mayor.
Los arrestados son Roilán Álvarez Rensoler, Dariel Calderín Rensoler, Jorge Luis Hernández Haber y Jordán Méndez Martínez, todos residentes en Mella, Santiago de Cuba. Según lo dicho por el líder opositor y exprisionero político José Daniel Ferrer, fueron detenidos entre el 29 y el 30 de enero y la policía política les atribuye haber aparecido como autores de pintadas en Birán, Marcané, Cueto y Alto Cedro, además de manchar una valla con el rostro de Fidel Castro en su pueblo natal.
El caso revela hasta qué punto el régimen persigue cualquier expresión visible de rechazo. En una isla marcada por la crisis económica y los apagones prolongados, los grafitis con mensajes como “Libertad” o “Abajo la dictadura” se han convertido en una respuesta directa al desgaste político y social que golpea a la población. La reacción oficial, como siempre, llega por la vía del castigo, la vigilancia y la intimidación.
Ferrer afirmó también que uno de los detenidos, Álvarez Rensoler, estaría en huelga de hambre dentro de la unidad policial conocida oficialmente como Órgano de Investigación Criminal y Operaciones del MININT, un lugar al que muchos holguineros llaman “Todo el mundo canta” por los maltratos y torturas que allí se denuncian contra los arrestados.
La presión sobre la familia no se ha detenido ahí. Arianna Álvarez Rensoler acudió al centro de detención para exigir una fe de vida de su hermano Roilán y, según la denuncia, todavía no ha recibido respuesta de la oficialidad. Ese silencio encaja con la práctica habitual del aparato represivo: encerrar, aislar y dejar a los familiares sin información mientras la policía decide el destino de los detenidos.
La detención de estos cuatro activistas confirma que el régimen sigue tratando la protesta política como una amenaza de Estado. Frente al deterioro del país y al creciente malestar popular, la respuesta vuelve a ser la misma: cárcel, presión y opacidad contra quienes se atreven a desafiarlo.
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