La Habana anunció la liberación de 51 reclusos, pero volvió a esconder lo esencial: sus identidades. La medida fue presentada como un gesto de “buena voluntad” y el régimen la enlazó además con las “estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano”.
Ese detalle importa porque en Cuba nada relacionado con una excarcelación cae fuera del control político. Cuando el poder anuncia una liberación y no enseña los nombres, deja abierta la puerta a la manipulación, al cálculo propagandístico y a la sospecha sobre quién sale realmente de prisión y en qué condiciones. El régimen vende el hecho como una señal de apertura, pero administra la información con el mismo secretismo con que maneja el resto de la vida pública.
La opacidad pesa más en un país donde la cárcel ha sido durante décadas una herramienta de castigo y presión. Sin identidades, sin explicación clara y sin transparencia, la supuesta liberación se parece más a una maniobra de comunicación que a una rectificación política. El mensaje que queda es el de siempre: el Estado decide, informa lo que le conviene y conserva el control sobre el relato, aun cuando se trate de personas privadas de libertad.
La conexión con el Vaticano añade otra capa al movimiento del régimen, que intenta envolver la medida en lenguaje diplomático y moral para suavizar su propio expediente represivo. Pero la buena voluntad no se mide por comunicados ni por adjetivos piadosos. Se mide por nombres, garantías y claridad. Mientras eso no aparezca, la liberación de 51 reclusos seguirá rodeada por la misma sombra de arbitrariedad que define al sistema carcelario cubano.
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