La sede del gobierno en Cienfuegos recibió una petición de amnistía para los presos políticos cubanos, en medio de una campaña que ya ha llegado a seis asambleas municipales. La entrega ocurrió apenas un día después de que el régimen anunciara que en los próximos días excarcelará a 51 reclusos como parte de sus acuerdos con el Vaticano.
El contraste deja al descubierto la maniobra habitual de La Habana: concede liberaciones parciales, sin transparencia y sin reconocer la naturaleza política de sus condenas, mientras evita una amnistía general que borre antecedentes y ponga fin a la persecución judicial contra el disenso. La cancillería habló de “buena voluntad” y de las relaciones con el Vaticano, pero omitió decir si entre los liberados hay presos políticos.
En Cienfuegos, la solicitud fue presentada por el activista Raúl González, después de que la vicepresidenta del Poder Popular se negara a admitirla días antes cuando intentó entregarla la socióloga Helen Ochoa Calvo. La negativa confirma hasta qué punto el aparato estatal cierra las puertas incluso a un reclamo que la propia Constitución cubana permite canalizar por vía ciudadana hacia el Parlamento.
La campaña ¡Amnistía Ya! ya había sido depositada en Centro Habana, Diez de Octubre, Habana Vieja y en las cabeceras municipales de Matanzas y Camagüey. Según el texto, la petición original reunió 1 535 firmas y hasta el 9 de marzo sumaba 2 289 signatarios, una cifra que habla de apoyo social y de la presión acumulada por más de mil presos políticos desde el 11 de julio de 2021.
Los promotores de la iniciativa se agrupan ahora en el Foro Acción por la Amnistía 2026, una coalición creada en febrero de 2026 en La Habana. Entre sus integrantes figuran Jenny Pantoja, Alina Bárbara López Hernández, Miryorli García Prieto y Helen Ochoa, entre otros. Su reclamo es directo: liberación de todos los presos políticos y despenalización definitiva del disenso en la isla.
El régimen intenta proyectar apertura con excarcelaciones selectivas, pero mantiene intacto el fondo del problema: la criminalización de la oposición, la ausencia de una amnistía general y el uso del sistema penal como instrumento de control político. Mientras esa realidad siga en pie, cada liberación parcial seguirá siendo apenas una salida administrada desde arriba, no una corrección de justicia.
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