La policía detuvo a tres personas en Miraflores, un poblado del municipio Bolivia, en Ciego de Ávila, después de una protesta callejera por los apagones que siguen hundiendo a la isla en la oscuridad y el cansancio. Los arrestados fueron identificados como Rainer Ruiz Mursulí, Omar Mursulí y Andy Cabrera Abreu. Desde entonces, no hay noticias de ellos y se habla de que permanecen en la unidad policial de Bolivia.
La reacción del régimen vuelve a dejar la misma señal de siempre: frente al reclamo popular por corriente y condiciones mínimas de vida, la respuesta llega con detenciones, citaciones y amenazas. A otra vecina del poblado, Bárbara Mursulí, la llamaron a la unidad policial y la advirtieron con prisión si no se presentaba. La estación queda a 18 kilómetros de Miraflores, una distancia que también funciona como castigo y como mensaje para el resto del barrio.
La protesta ocurrió en medio de una crisis generalizada y de apagones prolongados que ya empujan a muchas comunidades a la calle. Esa noche se escucharon consignas como “Corriente”, “Patria y Vida” y “Libertad”, gritos que resumen el hartazgo de una población que lleva demasiado tiempo sobreviviendo entre oscuridad, escasez y abandono. La molestia nació del deterioro del sistema electroenergético, de la falta de combustible y del mantenimiento insuficiente de las termoeléctricas.
Miraflores se sumó así a varias jornadas de protestas y cacerolazos en distintas localidades del país, sobre todo en La Habana. El patrón es el mismo: el colapso eléctrico dispara el malestar social y el aparato represivo intenta contenerlo a la fuerza. Cada detención por salir a reclamar evidencia un régimen que trata como delito lo que en realidad es la protesta de una población agotada por una crisis que ya no se puede tapar con propaganda.
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