La Asamblea de la Resistencia Cubana acusó este viernes al régimen de usar sus conversaciones con Estados Unidos para estirar su permanencia en el poder, mientras mantiene intactos el control político y la represión dentro de la Isla. La denuncia salió desde Miami, donde Orlando Gutiérrez-Boronat sostuvo que La Habana no tiene intención de abrir reformas reales y solo busca oxígeno sin ceder en lo esencial.
La advertencia toca el centro de la maniobra oficial: mostrar disposición al diálogo hacia afuera y conservar adentro el mismo aparato de partido único, vigilancia y castigo. Según Gutiérrez-Boronat, lo que el régimen ofrece son cambios cosméticos y espacios limitados de participación económica para cubanos en el exterior, pero sin tocar la estructura de poder que sostiene a la dictadura.
La rueda de prensa se produjo horas después de que Miguel Díaz-Canel confirmara que existen contactos con el Gobierno estadounidense. Para el dirigente del exilio, esa admisión deja claro que La Habana quiere negociar desde la necesidad, no desde una voluntad de apertura. “Ellos quieren que Estados Unidos subsidie su fracaso”, afirmó, al resumir una táctica que busca apuntalar una economía distorsionada sin asumir responsabilidad política.
Gutiérrez-Boronat también puso bajo sospecha el anuncio oficial sobre la excarcelación de 51 reclusos. Recordó que el régimen ha convertido las liberaciones en moneda de cambio para ganar margen internacional y advirtió que ese patrón forma parte de una práctica vieja: encarcelar, negociar y soltar cuando conviene al poder. En la Cuba de hoy, ese juego pesa sobre familias rotas, presos utilizados como ficha y un sistema que convierte la justicia en instrumento político.
El dirigente del ARC insistió en que no habrá salida económica seria mientras la familia Castro y el Partido Comunista sigan mandando sobre el país. Su lectura va al fondo del problema: la crisis cubana nace del control político que sostiene el régimen. Por eso defendió que cualquier cambio verdadero pasa por liberar a los presos políticos, legalizar la sociedad civil, frenar la represión y abrir paso a elecciones multipartidistas libres.
También dejó claro que la diáspora no está dispuesta a financiar a la misma estructura que expulsó a millones de cubanos. “Nos fuimos de Cuba por una dictadura y ahora no vamos a responder al llamado de esa dictadura”, dijo, al marcar una línea que muchos en el exilio comparten: no hay reconstrucción posible sin transición democrática ni confianza posible en un régimen que pide ayuda afuera mientras aprieta adentro.
La advertencia de la ARC se suma a un clima de descontento que el régimen conoce bien y responde con más control. Gutiérrez-Boronat afirmó que las autoridades han reconocido el malestar social y podrían apoyarse en sus estructuras políticas y sindicales para contener protestas. En ese punto, el mensaje de la oposición del exilio es directo: La Habana quiere tiempo, y cada día que gana lo usa para sostener el aparato represivo, no para desmontarlo.
La organización reiteró además su respaldo al Acuerdo de Liberación de Cuba, firmado por varias fuerzas prodemocráticas, como ruta hacia un gobierno de transición y elecciones supervisadas internacionalmente. En el fondo, la discusión abierta por estas declaraciones vuelve a dejar al desnudo la misma verdad de siempre: el régimen negocia cuando se ahoga, pero solo para sobrevivir, no para cambiar.
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