Las coaliciones Asamblea de la Resistencia Cubana y Pasos de Cambio presentaron este lunes en Lima el “Acuerdo de Liberación”, una propuesta política que busca reunir a organizaciones cívicas, opositoras y de resistencia dentro y fuera de la Isla para empujar el fin del régimen y abrir una transición hacia elecciones libres en Cuba.
El anuncio reunió a figuras del exilio y de la oposición interna, entre ellas la Brigada 2506, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y la Unión Patriótica de Cuba. El documento plantea coordinar esfuerzos, recursos y estrategias para aumentar la presión internacional y económica sobre el castrismo y reclamar el fin de la impunidad por crímenes de lesa humanidad.
La iniciativa llega en un momento en que la crisis cubana sigue golpeando a las familias dentro de la Isla. Rosa María Payá, fundadora de Cuba Decide e integrante de la CIDH, defendió la propuesta como una respuesta a la barbarie que rige el país y al sufrimiento brutal que viven los cubanos. Su intervención dejó clara la lectura política del acto: bajo represión, el régimen no ofrece salida ni estabilidad.
El texto presentado por las coaliciones establece tres fases de trabajo: liberación, estabilización y democratización. La ruta apunta a desmontar las estructuras del Partido Comunista de Cuba y sus mecanismos represivos asociados, devolver el liderazgo civil a los asuntos del Estado y sacar al aparato militar del control de la vida pública.
También propone un Gobierno provisional por tiempo limitado, encargado de atender la emergencia humanitaria, ordenar la recuperación institucional y convocar después a elecciones generales libres, multipartidistas y supervisadas. El plan incluye la desmilitarización de la vida política y la recuperación de libertades individuales que el castrismo ha mantenido sometidas al control del poder.
Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario general de la ARC, llamó a culminar la cruzada por la libertad de Cuba y pidió respaldo para una ofensiva diplomática contra el régimen. Su llamado al exilio y a los cubanos dentro de la Isla resume la apuesta del documento: construir una alternativa política real frente al colapso que dejó La Habana.
El acuerdo también coloca en el centro a los más de 1.000 presos políticos que siguen en las cárceles del régimen. Las organizaciones firmantes exigen su liberación inmediata y el restablecimiento de derechos básicos como la libertad de expresión, prensa, asociación y religión, además del derecho a emprender y a participar en la vida pública sin discriminación política.
Como parte de esa hoja de ruta, las coaliciones anunciaron comisiones de trabajo en emergencia humanitaria, seguridad y orden público, recuperación económica, salud, educación, justicia y reforma constitucional, además de una comisión dedicada al exilio y la reunificación nacional. La convocatoria intenta articular una salida integral para un país hundido por el hambre, la represión y el destierro.
La declaración final llama a cubanos dentro y fuera del país a sumarse a una nueva era republicana basada en soberanía popular y elecciones libres. En un país asfixiado por el control político, esa convocatoria también funciona como denuncia: el régimen cerró todos los cauces institucionales y obligó a la oposición a buscar una vía común para la liberación nacional.
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