Alina Bárbara López Hernández y otros intelectuales cubanos volvieron a salir a la calle este 18 para exigir amnistía para los presos políticos, el cese de la persecución y el respeto a la libertad de expresión, en una protesta que dejó otra vez al descubierto el cerco policial y la intolerancia del régimen ante cualquier reclamo ciudadano.
La académica matancera logró hacer su manifestación en el Parque de la Libertad, en la capital provincial, pese a la vigilancia de patrullas en su reparto y en la zona del parque. Ella misma explicó que pudo llegar por una vía alternativa y que la presencia de jóvenes y transeúntes dificultó que la detuvieran en plena acción. Ese detalle dice mucho de Cuba hoy: el Estado reserva recursos para vigilar, perseguir y contener a quien disiente, aunque el país se hunda en escasez y carencias elementales.
López Hernández también fue a la Asamblea Municipal del Poder Popular, al gobierno provincial y al Partido para reclamar una respuesta sobre una entrevista solicitada desde el 20 de febrero con un diputado. Hasta ahora, dice, no ha recibido aviso alguno. La escena retrata la vieja trampa institucional del castrismo: promete canales para “atender” reclamos, pero luego posterga, diluye o ignora a quien insiste fuera del guion oficial.
El reclamo que ella y otros entregaron el 6 de febrero en el Parlamento cubano pide una ley de amnistía para todos los presos políticos. La petición llegó respaldada por 2,289 firmas y acompañada de solicitudes de entrevistas con diputados de varios municipios. El mensaje es directo y político: no hay normalidad posible mientras sigan en prisión quienes fueron castigados por pensar distinto, protestar o desafiar públicamente al poder.
En esa misma jornada, la historiadora Jenny Pantoja dedicó la mañana a gestionar el caso del preso Roilán Álvarez Rensoler, integrante de la UNPACU, que permanece en el Hospital Provincial de Holguín Lucía Íñiguez en estado crítico tras más de 45 días en huelga de hambre. Álvarez fue apresado el 30 de enero y acusado por la colocación de carteles antigubernamentales en varios municipios holguineros. Su caso ilustra el costo humano de la represión: una detención arbitraria, un juicio que todavía no llega y un cuerpo llevado al límite por la desesperación.
Pantoja intentó mover el expediente por la vía de la Asamblea Nacional y la Dirección Nacional de Establecimientos Penitenciarios, pero recibió la respuesta burocrática de siempre: como el detenido está en Instrucción Penal y no ha sido juzgado, “no se puede hacer nada”. Esa frialdad administrativa, en medio de una huelga de hambre que lo tiene entre la vida y la muerte, desnuda el abandono del régimen frente a sus propios abusos y la impotencia que impone a las familias y activistas que buscan auxilio.
La historiadora también advirtió que cada vez resulta más difícil articular protestas en la isla porque, a medida que crece la crisis, aumenta la represión. Esa relación entre ruina material y mano dura política define el momento cubano: más hambre, más control; más desesperación social, más vigilancia; más razones para protestar, menos espacio para hacerlo. El aparato estatal responde con patrullas, agentes y presión policial, no con soluciones ni diálogo real.
Junto a López Hernández y Pantoja también se mueven otras voces del activismo y la intelectualidad como Lídice González, Jorge Fernández Era y Andrés Dovale Borjas. Fernández Era denunció que fue detenido durante varias horas por un carro patrullero con cuatro agentes, entre policías y miembros de la Seguridad del Estado, mientras lo filmaban con cámaras. La escena encaja con el patrón represivo que el régimen aplica contra escritores, académicos y activistas: cercarlos, intimidarlos y convertir cada gesto de inconformidad en un expediente de vigilancia.
La llamada Protesta del 18 sigue así ganando fuerza como una respuesta cívica contra el castigo político, la censura y la negación de derechos básicos. En vez de escuchar, el poder aprieta. En vez de abrirse a la amnistía y al diálogo, el régimen refuerza el cerco. Y en esa decisión queda expuesta la naturaleza de un sistema que teme a sus ciudadanos más que a la miseria que ha ido sembrando.
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