Al menos 12 presos políticos habían salido ya de prisión hasta este sábado en Cuba, según el recuento verificado por Justicia 11J, en medio del proceso de excarcelaciones anunciado por la Cancillería para 51 personas privadas de libertad. El dato confirma una nueva tanda de salidas, pero también deja intacta la marca del régimen: opacidad sobre las condiciones legales, control político sobre cada beneficio y ninguna señal de una solución definitiva para quienes siguen en presidio por razones políticas.
La mayoría de los nombres identificados hasta ahora corresponde a manifestantes del 11 de julio de 2021, la protesta que el poder convirtió en castigo ejemplar. Entre los excarcelados figura Luis Esteffani Hernández Valdés, liberado bajo libertad condicional. Había enfrentado una petición fiscal de 8 años por desórdenes públicos y desacato, y terminó sancionado a 6.
Otro caso confirmado es el de Ariel Pérez Montesino, salido de prisión el 13 de marzo de 2026. Justicia 11J señaló que todavía no pudo precisar las condiciones exactas de su salida. En su expediente, la Fiscalía pidió 15 años y el tribunal le impuso 10 por desórdenes públicos y desacato. La organización tampoco tiene confirmación sobre una eventual apelación ni sobre su resultado.
Franklin Reymundo Fernández Rodríguez fue excarcelado bajo libertad condicional después de ser procesado por sedición. La petición fiscal llegó a 18 años, la sentencia inicial fue de 12 y luego quedó en 9 tras la casación. Miguel Enrique Girón Velázquez salió bajo licencia extrapenal, también por sedición: la Fiscalía pidió 25 años, recibió 14 y después la pena bajó a 11 años.
Juan Pablo Martínez Monterrey fue liberado bajo libertad condicional. Contra él pesó una petición fiscal de 13 años por desórdenes públicos y sabotaje, y una sanción de 11 años que la apelación no movió. Justicia 11J también verificó la excarcelación de Roberto Ferrer Gener, aunque sin precisar todavía la figura legal aplicada. El documento recuerda que fue procesado por presuntamente ofrecer dinero a otra persona para que gritara consignas, de modo que terminó preso por las protestas del 11J sin haber participado directamente en ellas.
La lista sigue con Yussuan Villalba Sierra, también bajo libertad condicional. Su petición fiscal fue de 20 años por sedición, la condena inicial de 18 y la casación la dejó en 10. Wilmer Moreno Suárez salió el mismo día, aunque aún no se conoce la figura legal utilizada. Para él, la Fiscalía había pedido 25 años por sedición, el tribunal impuso 26 y luego la casación redujo la pena a 18.
Oscar Bárbaro Bravo Cruzata fue excarcelado este viernes. Justicia 11J dijo que todavía no sabe bajo qué condición salió, pero señaló que abandonó la prisión en mal estado de salud por una enfermedad hepática. Su caso resume el costo humano del presidio político en Cuba: una condena larga, la salud quebrada y una cárcel usada como instrumento de castigo. La petición fiscal fue de 20 años por sedición, la sanción inicial de 18 y la casación la dejó en 13.
Eduardo Álvarez Rigal también quedó fuera de prisión este viernes, sin que se haya precisado todavía la figura legal aplicada. Había sido procesado por sedición, con una petición fiscal de 20 años y una sanción de 13 que se mantuvo igual tras la casación. A él se suman Ronald García Sánchez y Adael Jesús Leyva Díaz, ambos excarcelados bajo libertad condicional. García Sánchez enfrentó una petición fiscal de 23 años por sedición, fue sancionado a 20 y la casación rebajó la pena a 14. Leyva Díaz recibió una petición de 21 años, una sanción inicial de 19 y una condena final de 13 tras el recurso.
El régimen presentó esta tanda como parte de la liberación de 51 personas privadas de libertad anunciada por la Cancillería el 12 de marzo. Justicia 11J, sin embargo, insiste en poner las cosas en su lugar: lo que está ocurriendo se parece más a beneficios penitenciarios condicionados y revocables que a una verdadera liberación. En el primer trimestre de 2025 ya hubo un precedente parecido, con salidas sujetas a control político y no con una solución real para las víctimas de la represión.
La organización también sitúa estas excarcelaciones dentro de un panorama más amplio y más duro: al momento del anuncio documentaba 760 personas privadas de libertad por razones políticas en Cuba. Muchos están presos por protestar, por ejercer activismo cívico o por expresar desacuerdo. Esa es la fotografía detrás de cada comunicado oficial: un aparato represivo que encarcela por disentir, reparte alivios cuando le conviene y mantiene en vilo a cientos de familias cubanas.
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