El proyecto Represores Cubanos, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, sumó a varios dirigentes del Partido Comunista y de la Unión de Jóvenes Comunistas en Camagüey por su papel en los actos de repudio contra el jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en la isla, Mike Hammer.
La denuncia recae sobre cuadros del aparato político del régimen que, según el investigador Rolando Cartaya, no se mantuvieron al margen del hostigamiento. Fueron ellos quienes seleccionaron, convocaron y dieron instrucciones a las turbas que acosaron al diplomático durante actividades propias de su cargo entre el 31 de enero y el 1 de febrero de 2026. En la relación aparecen Roberto Conde Silverio, segundo secretario del PCC en la provincia; Yaymir Victoria Basulto, secretaria ideológica; y Yurisney Gil Monteagudo, primer secretario del comité provincial de la UJC.
Cartaya explicó que estos nombres fueron incorporados bajo la categoría de “represores violentos” porque el acoso respondió a una operación política montada desde las estructuras del partido único y su brazo juvenil. En Camagüey volvió a verse el mecanismo de siempre: señalamiento, presión colectiva y escarmiento público como método de intimidación.
El primer incidente ocurrió en la Plaza del Gallo, donde Hammer fue rodeado por personas que le gritaron “Asesino” y “Fuera de Camagüey”. Al día siguiente, otra dirigente grabó la retirada del grupo mientras calificaba a los diplomáticos de “pendejos”. La escena dejó expuesto el sello del castrismo: convertir la calle en una extensión del control político y vender la agresión como rechazo popular.
Washington condenó los hechos y exigió a La Habana el cese inmediato de estos actos represivos dirigidos a entorpecer la labor de Hammer. El Departamento de Estado afirmó además que sus diplomáticos seguirán reuniéndose con la sociedad civil, activistas y familiares de presos políticos, pese a las tácticas de intimidación que el régimen intenta imponer. El documento oficial recuerda también que estas agresiones violan la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que obliga al Estado receptor a proteger la dignidad de los diplomáticos.
El caso siguió ampliándose con la publicación de los expedientes de Yoel Santiesteban López, jefe del Departamento de Organización del Comité Provincial de la UJC; Yolanda Molina Castillo, secretaria de la UJC en el municipio Camagüey; Elsy Consuelo Tamayo López, miembro del Comité Provincial del PCC; y Dayanny Francés Ferrera, también integrante del comité provincial de la UJC. A eso se suma el anuncio del próximo ingreso de Emilio González Fritze, profesor de la escuela del PCC; Rafaela Castro Rondón, secretaria sindical en el Hospital Amalia Simoni; y Tamara Álvarez Loyola, militante del PCC.
El proyecto calificó de deplorable que, en particular, jóvenes militantes hayan terminado cargando con el estigma de participar en actos de intimidación, amenazas, hostigamiento e injurias por motivaciones políticas. La represión se sostiene también con burócratas obedientes y militantes usados como piezas de presión callejera.
La investigación destaca además el apoyo de activistas y ciudadanos comunes al periodista exiliado José Luis Tan Estrada para identificar a los implicados. Cartaya advirtió que, si Cuba recupera su libertad, la base de datos de Represores Cubanos servirá como fuente de evidencias y de datos personales para que llegue la justicia. También dejó un mensaje a los señalados: todavía están a tiempo de apartarse de hechos que después puedan lamentar.
Sé el primero en comentar