La Habana volvió a escuchar este lunes el mismo diagnóstico oficial de siempre: el régimen necesita cambios “urgentes” en su modelo económico y social, justo cuando la crisis energética aprieta más y deja al país otra vez a merced de apagones, recortes y promesas recicladas. Miguel Díaz-Canel pidió acelerar transformaciones inmediatas en medio de una reunión del Consejo de Ministros, pero lo que describió el propio aparato estatal fue un país sin combustible suficiente, con un sistema eléctrico en tensión y con la economía atrapada en decisiones tardías.
El mensaje llega en el peor momento posible para la vida diaria de los cubanos. Las autoridades reconocen presión por el bloqueo petrolero reciente y por la suspensión de envíos de crudo desde Venezuela, una dependencia que vuelve a exhibir la fragilidad del modelo montado por el castrismo. Cuando el suministro falla, el gobierno recurre al lenguaje de la urgencia; cuando la crisis se prolonga, pide sacrificios y ajustes; cuando la escasez se vuelve insoportable, promete reformas que casi nunca llegan al bolsillo ni a la mesa de la gente.
Díaz-Canel dijo que la salida pasa por “la autonomía empresarial y municipal” y por reducir el tamaño del aparato estatal, el gobierno y las instituciones. La fórmula suena a reconocimiento tardío de un problema que el régimen ha alimentado durante décadas: un Estado hipertrofiado, ineficiente y asfixiante, incapaz de dejar espacio real a la iniciativa productiva. La propia retórica oficial vuelve a admitir que el modelo centralizado ya no da más, aunque la cúpula insiste en corregirlo sin soltar el control político ni económico que lo hundió.
El presidente también pidió a los municipios que se hagan cargo de asuntos como la inversión extranjera directa, las asociaciones entre el sector estatal y el no estatal y los negocios con cubanos residentes en el exterior. En cualquier país normal, ese giro se leería como descentralización. En Cuba, donde cada cambio termina filtrado por la burocracia y la desconfianza ideológica, la propuesta sigue dependiendo de un entramado que no cede poder de verdad. El régimen habla de autonomía, pero conserva el mando sobre la actividad económica, las decisiones claves y el margen de acción de los propios territorios.
Mientras tanto, el primer ministro Manuel Marrero Cruz colocó las prioridades en la producción de alimentos y en los cambios de la red eléctrica, dos frentes que la población conoce de memoria porque llevan años deteriorándose. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció además que la estrategia de transición de los municipios avanza lento, pese a la entrega de paneles solares a médicos, maestros y niños. Incluso esa salida parcial aparece marcada por el fracaso de una planificación que no consigue sostener ni lo más básico.
El cuadro se agrava con las medidas de ahorro de combustible aplicadas el mes pasado, que incluyeron la suspensión de parte del transporte público y el traslado de las clases a la modalidad en línea. En Cuba, cada ajuste de este tipo golpea a trabajadores, estudiantes y familias enteras que ya viven entre apagones, colas y una inflación que erosiona cualquier ingreso. El costo real de la crisis no lo paga el discurso oficial, lo paga la gente que se queda sin transporte, sin corriente y sin capacidad de organizar su rutina.
Washington también movió una pieza la semana pasada al aliviar ligeramente las restricciones para la venta de petróleo venezolano a Cuba. Pero esa concesión parcial no resuelve el fondo del problema ni borra la dependencia estructural de la isla respecto a proveedores externos y a subsidios políticos que el castrismo nunca convirtió en un sistema sostenible. El propio gobierno admite que la crisis energética y económica seguirá golpeando, mientras el país carga además con un aumento de las sanciones estadounidenses que, según sus estadísticas, le han quitado casi 8 mil millones de dólares en ingresos entre marzo de 2024 y febrero de 2025.
Ese dato, presentado por el propio régimen, confirma la magnitud del desastre económico que hoy intenta maquillar con llamados a la “transformación”. Cuba no enfrenta un bache pasajero: enfrenta el agotamiento de un modelo que concentró poder, destruyó incentivos y dejó al país sin reservas reales para resistir una crisis prolongada. Cada anuncio de reforma llega después del daño, no antes; cada promesa de eficiencia tropieza con la misma estructura política que impide cambiar de verdad.
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