Una funcionaria de Aguas de La Habana agredió al periodista independiente Vladimir Turró, le arrebató el teléfono y lo destruyó durante una cobertura sobre la escasez de agua en el reparto Calleja, en Arroyo Naranjo. El hecho ocurrió en una comunidad que lleva más de 20 días sin servicio regular y donde la crisis ya había desbordado la paciencia de los vecinos.
Turró contó que la población recibió solo dos pipas para más de 500 núcleos familiares. La escena dejó al descubierto la miseria con que el régimen administra un servicio básico: un camión abasteció unas pocas casas, otro se retiró después de dejar agua en apenas tres viviendas y el resto del barrio siguió esperando una respuesta que no llegó.
Cuando el reportero pidió explicaciones a la mujer que dirigía el operativo, ella reaccionó con violencia. Según su relato, la funcionaria se identificó como directiva de la entidad pero no dio su nombre. Luego lo empujó, le quitó el teléfono y lo lanzó contra el piso hasta dejarlo destruido.
La agresión encaja con el modo en que operan muchas estructuras estatales en Cuba: sin transparencia, sin control y sin respeto por quien pregunta. Donde falta el agua y la autoridad no responde, el aparato impone silencio en vez de rendir cuentas.
Vecinos de la zona también la señalan por presuntos actos de corrupción. Afirman que las pipas de agua se venden de forma ilícita por precios que oscilan entre 25.000 y 35.000 pesos cubanos. En un país donde el salario se pulveriza y el suministro básico falla, esa denuncia revela hasta qué punto la necesidad popular termina convertida en negocio por funcionarios protegidos por la impunidad.
Turró añadió que la misma mujer es conocida en la comunidad por participar en actos de repudio organizados por el Partido Comunista. Ese dato refuerza el cuadro de hostigamiento político que acompaña la vida cotidiana en barrios donde reclamar por agua, electricidad o comida sigue siendo un riesgo.
La situación energética en Arroyo Naranjo agrava todavía más el panorama. El periodista informó que, tras un breve período de servicio el domingo, la electricidad volvió a caer en la intermitencia y la población pasó la mayor parte del día a oscuras, mientras los apagones siguen golpeando a la isla pese a las recientes protestas populares.
También señaló que hubo presencia de patrullas después de las manifestaciones en la zona, aunque hasta el momento no se han reportado detenciones en esa localidad. El mensaje es claro: el régimen mantiene el cerco policial mientras las familias siguen atrapadas entre la falta de agua, los apagones y funcionarios que actúan como si los recursos públicos les pertenecieran.
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