En un país donde bañarse depende cada vez más de la suerte, la escasez también alimenta el robo. En La Habana, un tanque de agua puede venderse por más de cuarenta mil pesos, una cifra que convierte un recurso doméstico en botín y a la necesidad diaria en mercancía de calle.
En El Cerro, donde el agua se guarda como se puede y no como debería, los vecinos ya conviven con otra forma de asalto. Durante una noche reciente fueron robados cinco tanques, vaciados antes de ser cargados para hacerlos más ligeros. La operación, según relatan los residentes, se hizo en la oscuridad y con la tranquilidad que da saber que la ciudad duerme mal y vigilada a medias.
La escena retrata una Cuba hundida en la escasez y el abandono. Cuando un tanque de agua se vuelve un objeto de alto valor, el problema deja de ser solo el hurto: aparece también la ruina de un sistema incapaz de garantizar lo elemental. El régimen ha convertido servicios básicos en una carrera permanente por resolver por cuenta propia lo que el Estado no asegura.
En la isla, almacenar agua es una necesidad cotidiana y defender un tanque se parece cada vez más a proteger una propiedad de lujo. El robo de estos reservorios no ocurre en el vacío; prospera en barrios donde la carencia abre espacio al oportunismo y donde la inseguridad encuentra terreno fértil en la precariedad generalizada.
Lo que para cualquier país sería una anécdota policial, en Cuba revela una crisis más profunda. El agua falta, los tanques escasean, los precios suben y el delito se acomoda a la miseria. Así funciona una economía doméstica deformada por décadas de incapacidad oficial, en la que hasta bañarse termina siendo un privilegio.
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