El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, se reúne en Madrid con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, en medio de una agenda marcada por la presión de Washington sobre La Habana y por el aislamiento creciente de las brigadas médicas cubanas en varios países del Caribe y Centroamérica.
La cita ocurre mientras una decena de gobiernos de la región ha cerrado o reducido contratos con esas brigadas, después de que Estados Unidos insistiera en presentarlas como una forma de “trabajo forzado”. El golpe no es menor para el régimen, que durante años convirtió esas misiones en una de sus principales cartas de entrada de divisas y en una pieza central de su propaganda exterior.
El texto deja ver hasta qué punto el negocio de la exportación de servicios médicos depende de la protección política que el castrismo intenta tejer fuera de la isla. Cuando esos contratos empiezan a caer, se resiente una fuente de ingresos que el régimen ha usado para sostener su aparato y tapar el derrumbe interno de la economía cubana.
También pesa el trasfondo diplomático. Que España reciba al canciller cubano en este momento confirma que La Habana sigue buscando oxígeno en Europa mientras enfrenta presiones en su entorno inmediato. El problema de fondo para los cubanos es siempre el mismo: el régimen defiende su modelo de control y extracción de recursos mientras el país carga con la escasez, el deterioro de los servicios y la salida constante de médicos y profesionales.
La reunión en Madrid, por tanto, no ocurre en el vacío. Forma parte de la pelea del castrismo por preservar una fuente de poder y de ingresos que cada vez encuentra más resistencia. Y vuelve a poner sobre la mesa una realidad conocida dentro y fuera de Cuba: el régimen necesita esas misiones tanto para recaudar como para sostener su relato político, aunque el costo lo paguen los trabajadores enviados y la población que se queda sin ellos en la isla.
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