La Fiscalía General de Cuba llevó este viernes a la mesa de acusaciones contra Alejandro Gil, exministro de Economía y Planificación y ex viceprimer ministro, con un paquete de cargos que retrata la magnitud del derrumbe interno en la cúpula del régimen. Entre los delitos imputados figuran espionaje, malversación, falsificación de documentos, evasión fiscal, tráfico de influencias y lavado de activos.
El expediente incluye además actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, cohecho, infracción de las normas de protección de documentos clasificados y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial. La Fiscalía afirmó que controló la investigación penal realizada por órganos del Ministerio del Interior, ejerció la acción penal pública y presentó las actuaciones al tribunal correspondiente.
Gil fue el funcionario de mayor rango destituido por corrupción en Cuba en décadas. Lo cesaron en febrero de 2024 y un mes después Miguel Díaz-Canel anunció que estaba bajo investigación por graves errores, con la primera alusión pública a delitos de corrupción. Desde entonces permaneció en prisión provisional, mientras la cúpula oficial administraba el caso con el habitual secretismo del aparato político y judicial.
La imputación llega un año y siete meses después de su destitución y cierra una etapa que el propio régimen presentó como parte de su cruzada anticorrupción. En marzo de 2024, Díaz-Canel habló de “graves imputaciones” y sostuvo que Gil había renunciado a su puesto en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba y a su escaño como diputado. El mensaje fue el de siempre: disciplina, moral revolucionaria y castigo ejemplar, aunque el caso revela sobre todo las grietas de un sistema que premia la obediencia y luego sacrifica a sus cuadros cuando la crisis aprieta.
Gil fue ministro de Economía y Planificación entre 2018 y 2024. Durante ese período cargó con la implementación de la Tarea Ordenamiento, la reforma monetaria de 2021 que terminó convertida en uno de los mayores fracasos económicos del régimen. También condujo las primeras medidas de ajuste, entre ellas la subida de los combustibles con incrementos de hasta 400 por ciento, en medio de una economía hundida y de un malestar social cada vez más extendido.
Su caída simboliza la podredumbre de una estructura que durante años colocó la propaganda por encima de la gestión y la lealtad política por encima de la responsabilidad. La imputación formal ya no deja espacio para la maqueta de rectificación que intentó vender el poder: el caso Gil entra en fase judicial como una radiografía de la corrupción, el desgaste y la impunidad que corroen al régimen desde dentro.
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