La historiadora y opositora Alina Bárbara López fue detenida otra vez en Matanzas cuando se dirigía al Parque de la Libertad para realizar una protesta, según denunció su hija, Cecilia Borroto López. Junto a ella permanece retenido Leonardo Romero Negrín, sin que hasta ahora la policía haya ofrecido una explicación clara ni permitido contacto con su abogada.
La nueva detención confirma el patrón de acoso que el régimen mantiene sobre una de las voces críticas más visibles del país. Borroto informó en Facebook que la policía se negó a dar información por teléfono y que su madre no había podido llamar a la defensa, una violación elemental de garantías que en Cuba se repite cada vez que el poder quiere aislar a un disidente y cortar cualquier reacción pública.
López iba camino a una protesta que acostumbra a realizar cada día 18 del mes, una rutina de denuncia que el aparato policial ha venido persiguiendo con presión, retenciones y procesos penales. La historiadora ya había denunciado haber sido golpeada y arrastrada por una cuneta durante su detención del 18 de junio de 2024, cuando viajaba en taxi hacia La Habana junto a la académica Jenny Pantoja para sumarse a una manifestación.
Ese episodio desató una ola de solidaridad dentro y fuera de Cuba. Más de 220 escritores y artistas firmaron entonces una carta abierta contra la violencia policial, con nombres como Leonardo Padura, Fito Páez y Fernando Pérez. La magnitud de ese respaldo dejó expuesto el costo político que tiene para el régimen perseguir a una intelectual por ejercer protesta cívica y exigir límites al abuso estatal.
La situación judicial de López también sigue abierta. El 30 de enero, el Tribunal Municipal Popular de Matanzas le comunicó la suspensión sin fecha del juicio en su contra, un proceso en el que la Fiscalía le atribuye desobediencia, desacato y atentado por su última detención. Antes, en 2023, ya había sido multada por desobediencia y se negó a pagar la sanción.
El expediente contra ella retrata con claridad el mecanismo represivo del castrismo: detención arbitraria, incomunicación, cargos penales y castigo administrativo para tratar de quebrar la protesta pacífica. La amenaza de una condena de hasta cuatro años de trabajo correccional sigue flotando sobre su caso, mientras el régimen conserva la facultad de frenar el juicio cuando le conviene y usarlo como instrumento de presión política.
Prisoners Defenders, con sede en Madrid, calificó el proceso como motivado por razones políticas y sin garantías. La denuncia encaja con lo que ocurre una y otra vez en Cuba: el poder usa tribunales, comisarías y multas para disciplinar a quienes se salen del guion oficial, mientras intenta presentar como legal lo que en realidad funciona como castigo por disentir.
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