La Asamblea Nacional del Poder Popular sacó a la luz un proyecto de ley que recorta, de forma excepcional, el mandato de los delegados municipales y mueve el calendario electoral cubano. La propuesta fija el cierre del actual período en noviembre de 2026, con lo cual el mandato dejaría de ser de cinco años, como establece la Constitución, para quedar en cuatro.
El régimen presenta el ajuste como una necesidad técnica para “restablecer la secuencia electoral” entre la elección de delegados municipales y la de diputados nacionales, alterada tras la pandemia de COVID-19. Pero en un país donde el Poder Popular funciona como una maquinaria sin autonomía real, la decisión confirma la costumbre oficial de acomodar las reglas según convenga al aparato político, sin abrir espacio a una representación efectiva.
La publicación del proyecto llegó firmada por Juan Esteban Lazo Hernández y acompañada por la promesa de promover la participación ciudadana mediante el envío de opiniones por correo electrónico. Ese gesto encaja con el libreto habitual de un sistema que simula consulta pública mientras reserva las decisiones de fondo para la cúpula. En la práctica, el Parlamento cubano vuelve a exhibir una fachada de debate sobre una ley que, por el control absoluto del régimen, tiene prácticamente garantizada su aprobación.
El momento elegido tampoco pasa inadvertido. La divulgación del texto ocurrió pocos días después de la convocatoria al Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional, previsto para el 18 de diciembre, donde además de esta propuesta se revisarán las medidas económicas del Gobierno, el presupuesto del Estado para 2026 y varios informes de rendición de cuentas. En un país hundido en apagones, escasez de alimentos, inflación y servicios rotos, el poder dedica tiempo a reajustar su calendario político mientras la vida cotidiana sigue en ruinas.
La fragilidad de las estructuras municipales también pesa sobre el anuncio. Los delegados de circunscripción arrastran un descrédito profundo por años de impotencia frente a los problemas del barrio y por su incapacidad para resolver baches, derrumbes, insalubridad, transporte colapsado o apagones interminables. En muchas zonas, dejaron de ser vistos como representantes de la gente y quedaron reducidos a figuras simbólicas, atadas a un sistema que no responde ante nadie.
El nuevo proyecto, además de alterar el tiempo de los mandatos, deja al descubierto la desconexión entre la propaganda institucional y la realidad del país. El régimen insiste en hablar de orden, secuencia y participación, pero lo que la población ve es un entramado político desgastado, sin credibilidad y sin fuerza para enfrentar la crisis que aplasta a los cubanos.
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