El régimen cubano decidió no renovar la residencia temporal del sacerdote mexicano José Ramírez después de que tocara las campanas de la Iglesia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, en Santos Suárez, durante una protesta registrada en el barrio.
La decisión fue comunicada a la Iglesia Católica como parte de una expulsión que el aparato de poder intenta manejar con discreción, pero que deja claro el mensaje político: en Cuba también se sanciona a quien se solidariza con una manifestación ciudadana. Una fuente religiosa confirmó que, aunque no se anuncie abiertamente su salida, al sacerdote no se le renovará la residencia cuando venza. Después de eso, tendrá que abandonar el país.
También trascendió que agentes de la Seguridad del Estado presionaron al religioso para que salga de la isla este jueves. La maniobra encaja con el patrón represivo del régimen, que no tolera gestos de respaldo a la protesta y convierte cualquier señal de apoyo en motivo de castigo.
El caso suma otro episodio a la lista de religiosos extranjeros apartados de Cuba cuando no se alinean con el poder. En 2022, el castrismo expulsó al sacerdote David Pantaleón, padre superior de los jesuitas en la isla, tras sus críticas a la dictadura desde el boletín dominical Vida Cristiana. También había pedido ayuda para los activistas del Movimiento San Isidro durante el encierro de noviembre de 2020.
Las campanas de La Milagrosa sonaron en la noche del lunes y la madrugada del martes, al calor de las protestas en la capital tras los prolongados apagones. El gesto del sacerdote quedó marcado por esa represión inmediata que el régimen aplica cada vez que la calle se mueve y alguien, desde la Iglesia o desde cualquier otro espacio, decide no mirar a otro lado.
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