La Fiscalía de Bulgaria mantiene abierta una investigación sobre un presunto esquema de lavado de dinero atribuido al régimen de Nicolás Maduro, un caso que habría movido cerca de 500 millones de euros entre 2017 y febrero de 2019 a través del banco Investbank. La revelación, citada en un reportaje del medio búlgaro Bivol, vuelve a poner bajo la lupa la red de operadores, bancos y estructuras offshore que ha servido para mover fondos vinculados al chavismo lejos del control público.
Según la información publicada, el dinero pasó por 101 cuentas, aunque no correspondían a 101 titulares distintos. Eran cuentas especiales de abogados con un único titular, el abogado Tsvetan Tsanev, descrito como el único intermediario legalmente responsable del movimiento de fondos. El mismo reportaje señala además que existen indicios de que Tsanev habría sido también un accionista encubierto del banco, una pieza que agrava las sospechas sobre el papel de la institución financiera.
El caso tomó visibilidad internacional en 2019, cuando autoridades de Bulgaria comparecieron junto al embajador de Estados Unidos en Sofía, Eric Rubin, tras las primeras alertas sobre fondos ligados al régimen de Maduro. En ese momento, el debate ya apuntaba a una red de transferencias que excedía el simple uso bancario y se acercaba a una operación diseñada para esconder dinero estatal venezolano bajo capas de intermediarios, empresas pantalla y jurisdicciones opacas.
La investigación descrita por Bivol sostiene que una parte importante del dinero se perdió en la ruta. De los montos señalados, solo una fracción menor habría sido localizada y embargada, mientras el resto terminó redirigido a otros destinos, entre ellos Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong. El reportaje también plantea que las operaciones se realizaron desde cientos de direcciones IP en Estados Unidos y Venezuela, incluso en momentos en que los apoderados de Tsanev no estaban en los países correspondientes.
La defensa de Investbank fue la habitual en este tipo de tramas: negar irregularidades y presentar las transferencias como legales. El banco aseguró que los fondos estaban vinculados principalmente al suministro de alimentos a Venezuela y rechazó transacciones sancionadas relacionadas con PDVSA. Pero los expedientes citados por la publicación ubican el flujo de dinero en un circuito mucho más amplio, procedente directamente de empresas estatales venezolanas como PDVSA, Corpovex y Bandes.
La red que describe la investigación no se limita a Bulgaria. Incluye estructuras en Portugal, Liechtenstein, Suiza, Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong, con empresas de gestión de activos y sociedades offshore usadas para repartir responsabilidades y borrar rastros. Entre las firmas mencionadas figura Swiss Latam AG, luego renombrada Acantos Advisors AG, identificada como un organizador central del esquema por su papel en la captación de clientes, la apertura de cuentas y la recepción de comisiones.
El expediente también apunta a otro elemento que revela el nivel de captación institucional alrededor del caso: Dimitriyka Andreeva, principal representante de Tsanev en la apertura de cuentas, figuraba al mismo tiempo como integrante del Consejo de Supervisión de Investbank AD. Esa coincidencia encaja con un conflicto de intereses de manual, tolerado durante años por una estructura que ahora intenta esconder su responsabilidad detrás del silencio y la burocracia.
La Fiscalía Especializada de Bulgaria abrió una investigación preliminar en febrero de 2019, pero el proceso fue archivado en junio de 2024 por el fiscal Plamen Ivanov. La razón alegada fue el traslado del expediente a Estados Unidos, bajo el argumento de que las autoridades norteamericanas estaban en mejor posición para seguir el caso. Aun así, el propio fiscal ordenó a la DANS mantener la vigilancia sobre las cuentas, señal de que el expediente estaba lejos de haber sido aclarado.
El reportaje añade que el Banco Nacional Búlgaro permanece en silencio mientras crece la sospecha de un paraguas institucional sobre la operación. También denuncia que 300 millones de levas del dinero de depositantes se habrían evaporado por transacciones de valores gubernamentales con empresas de Tsanev, sin que la fiscalía impulsara procedimientos previos capaces de llevar el caso a juicio. La gravedad del asunto ya no queda limitada a un posible delito financiero: expone una red de complicidades, protección oficial y opacidad bancaria al servicio del aparato de Maduro.
En cualquier país con instituciones serias, una trama de esta magnitud habría terminado en sanciones ejemplares y en una depuración profunda. Aquí, en cambio, el caso sigue atravesado por silencios, archivos y maniobras para diluir responsabilidades. El régimen venezolano aparece otra vez asociado a dinero opaco, testaferros y estructuras internacionales creadas para esconder recursos públicos mientras el pueblo carga con la miseria y la escasez que deja esa maquinaria de saqueo.
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