La justicia cubana confirmó en apelación la cadena perpetua impuesta al exministro de Economía Alejandro Gil, en una causa marcada por el hermetismo, los juicios a puerta cerrada y el control absoluto del régimen sobre un expediente que nunca se ventiló con transparencia.
La decisión, divulgada por una fuente cercana al caso que pidió no ser identificada, dejó intactas ambas condenas dictadas contra quien fuera una de las figuras más cercanas a Miguel Díaz-Canel. La defensa había recurrido la sentencia de prisión perpetua por espionaje y por «actos en perjuicio de la actividad económica», así como la pena de 20 años de cárcel por cohecho, tráfico de influencias y evasión fiscal.
Nada de esto ha sido explicado al país por vías oficiales. Las autoridades no han dicho para qué país o entidad habrían trabajado los supuestos actos de espionaje atribuidos a Gil. Tampoco han ofrecido una versión pública sobre un caso que sacó de la escena a un ministro que estuvo al frente de la Economía y la Planificación desde julio de 2018 hasta febrero de 2024 y que, desde su destitución, no ha vuelto a aparecer en público.
El proceso se celebró en noviembre en un tribunal de un barrio periférico de La Habana, a puertas cerradas y bajo total hermetismo. Ese procedimiento encaja con el patrón del régimen: causas sensibles sin transparencia, decisiones políticas disfrazadas de legalidad y castigos ejemplarizantes reservados para quienes caen en desgracia dentro de la propia cúpula.
En primera instancia, la justicia lo declaró culpable de cohecho, sustracción y daño de documentos u otros objetos bajo custodia oficial, violación de sellos oficiales e infracción de normas de protección de documentos clasificados. También sostuvo que incumplió los procesos de trabajo con información oficial clasificada, la sustrajo, la dañó y la puso a disposición de los servicios del enemigo.
La ratificación de la pena convierte el caso en una señal más de la opacidad estructural con que opera el aparato judicial en Cuba, donde las decisiones graves se toman lejos del escrutinio público y bajo una lógica política que protege al régimen y sacrifica a sus propios funcionarios cuando resultan incómodos.
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