La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este viernes los aranceles globales que Donald Trump impuso durante su segundo mandato, al concluir que el presidente no tenía autoridad legal para aplicarlos sin aprobación expresa del Congreso. El fallo golpea una de las piezas centrales de su política comercial y deja en pie, por ahora, solo una parte del paquete arancelario aplicada por otras vías legales.
La decisión, adoptada por seis votos contra tres, desmonta el uso que Trump hizo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 para imponer gravámenes “recíprocos” a más de 100 países y sanciones específicas a México, Canadá y China. La mayoría del tribunal, encabezada por John Roberts, dejó claro que el Ejecutivo no puede arrogarse de forma unilateral una facultad de ese tamaño y alcance.
El impacto político es directo: por primera vez, el máximo tribunal invalida de forma definitiva una política central de la administración Trump. Eso abre una pelea legal y económica más amplia sobre los límites del poder presidencial en materia comercial y sobre el costo que esas medidas pudieron dejar para importadores y consumidores.
Para Cuba, el caso importa por la vía que el propio Trump mantuvo abierta contra La Habana. El 29 de enero declaró una “emergencia nacional” respecto a Cuba y sostuvo que las políticas del régimen constituyen una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. A partir de esa orden, se activaron aranceles y restricciones para el combustible que llega a la isla, en un contexto ya marcado por la asfixia económica que impone el aparato castrista sobre la vida diaria de los cubanos.
El fallo no tumba de forma automática todas las medidas comerciales de Trump, pero sí pone bajo revisión el andamiaje legal usado para imponerlas. En la práctica, deja abierta la duda sobre hasta dónde puede llegar ahora la Casa Blanca para sostener presiones económicas contra Cuba sin chocar con el criterio del tribunal. También empuja al régimen a mirar de frente una realidad incómoda: su dependencia energética y su fragilidad siguen expuestas a decisiones externas porque el modelo interno que defiende ha sido incapaz de sostener al país por sí mismo.
En Washington ya hubo advertencias sobre un posible reembolso de miles de millones de dólares a importadores si se mantienen los efectos del veto. Tres jueces conservadores votaron en contra, entre ellos Brett Kavanaugh, quien alertó del costo de la sentencia para el Ejecutivo. La discusión, sin embargo, va más allá de la contabilidad: el caso vuelve a poner sobre la mesa el peso real del Congreso frente a un presidente que intentó convertir una herramienta de emergencia en un sistema arancelario global.
Para Cuba, la consecuencia inmediata es que la orden de finales de enero queda en una zona de incertidumbre. Y para el régimen, acostumbrado a culpar a terceros de su ruina, el mensaje es otro: cada vez que se aprieta el cerco legal desde fuera, la vulnerabilidad de la isla deja al descubierto el fracaso del modelo que La Habana insiste en preservar.
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