Una mipyme cubana terminó en el centro de una operación de exportación desde Estados Unidos que incluye cinco millones de dólares en jacuzzis, una compra que choca de frente con las condiciones de uso de esas licencias y deja otra señal del desorden con que el régimen maneja el comercio exterior y sus relaciones con el sector privado.
La operación aparece en documentos públicos del condado Miami-Dade y fue revisada por Diario de Cuba. Según esos registros, la empresa estadounidense Martel Express US, con sede en Hialeah, obtuvo en noviembre de 2023 una licencia del Buró de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio para vender a Cuba a través de MIKA S.R.L., una mipyme radicada en Playa, La Habana.
El problema está en el destino real de esas mercancías. Las licencias para exportar a la Isla establecen que los bienes deben servir para “satisfacer necesidades del pueblo cubano”, no pueden reexportarse ni usarse para generar ingresos principalmente para el Gobierno, y tampoco venderse o arrendarse a entidades estatales. Sin embargo, la documentación apunta a que los beneficiarios finales de esas importaciones serían empresas del aparato estatal, entre ellas MAQUIMPORT, ALIMPEX, SASA, ENCOMIL, Cítricos Caribe, Gran Comercial, DIVEP y el grupo comercializador ITH, ligado al Ministerio de Turismo.
En la lista de productos autorizados aparece incluso la compra de jacuzzis, presuntamente para instalaciones hoteleras. Ese dato retrata con crudeza cómo el régimen sigue favoreciendo su red empresarial y turística mientras el cubano común enfrenta escasez, deterioro y una economía sin oxígeno. La supuesta intermediación de una mipyme privada no borra el fondo del asunto: detrás de la fachada de “formas de gestión no estatal” siguen moviéndose intereses estatales y cuentas abultadas.
La propia escala de las licencias despierta dudas. La documentación menciona un monto total de compras desde Estados Unidos por 2.227 millones de dólares, una cifra que resulta inverosímil, y además existen al menos otras dos licencias concedidas a Martel Express US a favor de MIKA, una de ellas por 75,22 millones. Ese volumen vuelve a poner bajo la lupa el uso real de estos permisos y el agujero de control que deja el entramado comercial vinculado a La Habana.
Desde Miami-Dade, el recaudador Dariel Fernández pidió al presidente Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, que cancelen cualquier licencia que no ayude de verdad al pueblo cubano. Fernández dijo que su oficina detectó autorizaciones federales para exportaciones que van mucho más allá de las necesidades humanitarias básicas, con autos de lujo, equipos recreativos, motos acuáticas, jacuzzis y otros bienes de alto consumo.
El caso expone una vez más la lógica torcida del régimen: mientras reclama sacrificios a la población y culpa al exterior de la ruina interna, deja espacio para operaciones opacas que terminan alimentando a su propia red de empresas. La mipyme cubana aparece aquí como el conducto, pero el beneficio real apunta otra vez hacia el Estado y sus negocios de siempre.
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