El Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba volvió a usar la cárcel como herramienta de castigo político y social. Julio César Duque de Estrada Ferrer recibió cuatro años y seis meses de prisión por desobediencia y atentado después de grabar con su teléfono una cola para comprar gas licuado en la vía pública.
El caso, denunciado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, revela hasta dónde llega el control del régimen sobre la vida cotidiana. Documentar una fila en la calle terminó convertido en un expediente penal, una respuesta desproporcionada que confirma la vocación represiva del aparato estatal cuando un ciudadano deja constancia de la escasez y del caos que el poder intenta ocultar.
Los hechos ocurrieron el 5 de septiembre de 2024, cuando Duque de Estrada, de 56 años, fue interceptado por un oficial de la contrainteligencia identificado como Mario Raciel Soulary Garcés. El agente le ordenó detener la grabación y entregar el teléfono. Para el OCDH, esa actuación fue ilegal, arbitraria y desmedida, porque filmar en un espacio público no constituye delito ni amenaza alguna.
La denuncia también apunta a otra práctica vieja del sistema cubano: el uso de fuerzas militares en tareas que corresponden a la autoridad civil. El observatorio cuestionó que un militar asumiera funciones de policía sin que mediara una situación excepcional, y subrayó que esa intervención rompe con estándares internacionales básicos.
El OCDH sostuvo además que se vulneraron derechos amparados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre ellos la libertad de expresión, de información y de circulación. También acusó al tribunal de limitarse a ratificar actuaciones represivas, sin independencia real frente al poder.
Yaxys Cires, director de Estrategia del OCDH, afirmó que la condena castiga algo más grave que una simple grabación: castiga el derecho de cualquier cubano a documentar lo que sucede en los espacios públicos. Su señalamiento deja claro el trasfondo del caso. El régimen no tolera el testimonio ciudadano cuando ese testimonio desnuda la pobreza, la miseria y la realidad de la calle.
Duque de Estrada es, además, padre del prisionero político Dairon Duque Estrada Aguilera, que permanece encarcelado. La nueva condena golpea otra vez a una familia marcada por la represión y confirma un patrón que el régimen repite con obstinación: criminalizar al ciudadano que mira, graba y denuncia.
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