La Comisión Interamericana de Derechos Humanos activó medidas cautelares a favor del preso político cubano Yosvany Rosell García Caso, una decisión que vuelve a colocar bajo la lupa internacional el trato brutal del régimen a los opositores encerrados en sus prisiones.
La notificación oficial fue enviada a la abogada Teresa Ortiz, representante de Cuba Demanda Inc., y deja constancia de la resolución MC-1242-25. El aviso fue comunicado el 26 de enero por Patricia Colchero, jefa de gabinete de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, que informó además que el pronunciamiento público sería divulgado en el portal del organismo.
La esposa del recluso, Mailin Sánchez, celebró la decisión en Facebook y agradeció a Ortiz por su trabajo, su constancia y su preocupación, junto al equipo que acompaña el caso. En su mensaje, expresó gratitud a Dios por la fuerza recibida para seguir enfrentando una situación que ha golpeado con dureza a toda la familia.
García Caso, residente en Holguín y padre de tres hijos, cumple una condena de 15 años de prisión por haber participado en las protestas del 11 de julio de 2021. Su estado de salud encendió alarmas en diciembre, cuando una huelga de hambre de 40 días lo llevó a terapia intensiva con fallo renal y una debilidad extrema.
El 11 de diciembre fue trasladado a una sala de penados del Hospital Lucía Íñiguez Landín, donde su esposa pudo verlo apenas por unos minutos. Un día después lo devolvieron a la Prisión Provisional de Holguín, una movida que activistas denunciaron como un castigo destinado a aislarlo y empeorar su condición.
Con esta medida, el caso entra formalmente en el sistema interamericano de protección de derechos humanos. La CIDH obliga al Estado cubano a adoptar acciones inmediatas para salvaguardar la vida e integridad de García Caso, garantizarle atención médica adecuada y evitar represalias mientras se evalúa su situación. La protección llega tarde para un preso político que ya había sido empujado al límite por la represión carcelaria del régimen.
Organizaciones como Amnistía Internacional y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos han denunciado de forma reiterada las condiciones inhumanas de reclusión que padecen los presos políticos en Cuba y han exigido su liberación. El expediente de García Caso vuelve a mostrar el costo humano de un aparato penitenciario que castiga la disidencia y usa la cárcel como instrumento de presión política.
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