El Tribunal Provincial de Villa Clara condenó a cinco años de prisión al activista constitucionalista Alexander Peraza García por el delito de “propaganda contra el orden constitucional”, en un fallo que castiga su defensa de la Constitución de 1940 y su actividad pública en redes sociales. La sentencia, fechada el 16 de febrero, confirma hasta dónde llega el aparato represivo del régimen cuando un cubano insiste en hablar de derechos, libertad de expresión y reacción cívica.
Según la denuncia de una fuente cercana a la familia, bajo condición de anonimato, la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado consideró como hechos “probados” la promoción de “cuestiones como la libertad de expresión” y “convocatorias a la reacción social”. El documento también afirma que Peraza García “utilizando medios de comunicación incitó contra el orden social y el Estado socialista”, una fórmula que en la práctica convierte la disidencia pacífica en delito político.
Peraza García, de 29 años y residente en Sagua la Grande, permanece encarcelado desde el 23 de diciembre de 2024. Su detención llegó después de una redada en su vivienda ejecutada por agentes de la Seguridad del Estado, que además se llevaron su laptop, su teléfono móvil, un disco duro externo y textos relacionados con la Constitución cubana de 1940. Ese decomiso muestra que la persecución no se quedó en la persona: también apuntó contra sus herramientas de trabajo y contra las ideas que promovía.
Desde entonces, el opositor ha permanecido en la prisión de máximo rigor La Pendiente, en Santa Clara. El proceso quedó concluso para sentencia el 5 de diciembre de 2025, y el desenlace deja claro el patrón de siempre: el régimen criminaliza el activismo cívico, encierra al que denuncia y presenta como amenaza al que exige derechos elementales para los cubanos.
La condena tiene además un peso político evidente porque Peraza García ya había sido reprimido antes por otras acciones cívicas, entre ellas la organización de protestas pacíficas para reclamar electricidad y servicios básicos. En un país hundido en apagones y carencias, el Estado castiga a quienes señalan el derrumbe cotidiano y no a los responsables del desastre.
Su caso figura como el de un preso político en el registro de la organización Prisoners Defenders, con sede en España. La inclusión en esa lista refuerza la lectura de fondo: en Cuba, la defensa de principios democráticos, la referencia a la Constitución de 1940 y la simple denuncia de la realidad municipal pueden terminar en una condena de años de cárcel.
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