Washington volvió a apretar el cerco sobre dos de los principales focos del narcotráfico en la región. En una determinación presidencial presentada al Congreso, el gobierno de Estados Unidos incluyó a Colombia y Venezuela entre los países que incumplieron de forma manifiesta sus obligaciones en materia de lucha antidrogas durante los últimos 12 meses.
El documento, difundido por el Departamento de Estado y firmado por Donald Trump, apunta de forma directa al aparato de poder de Nicolás Maduro, al que describe como un régimen criminal que encabeza una de las redes de tráfico de cocaína más grandes del mundo. La acusación no se queda en la retórica: el texto promete que Estados Unidos seguirá persiguiendo a Maduro y a otros miembros de su régimen cómplice ante la justicia, junto con organizaciones terroristas extranjeras venezolanas como el Tren de Aragua.
La publicación de esa decisión coincidió con otro golpe militar de Estados Unidos en aguas del Caribe, donde un segundo ataque en dos semanas contra una embarcación dejó tres venezolanos muertos, según Trump, por transportar drogas. La secuencia confirma que la presión sobre Caracas dejó de ser solo diplomática y ya se mueve también en el terreno de la fuerza.
Colombia también entró en la lista negra por primera vez en casi tres décadas. El informe sostiene que el cultivo de coca y la producción de cocaína alcanzaron niveles récord bajo el mandato de Gustavo Petro y que sus intentos de pactar con grupos narcoterroristas terminaron por agravar la crisis. Según Washington, Bogotá ha debilitado años de cooperación contra esas redes, y la responsabilidad del incumplimiento recae, de manera exclusiva, en el liderazgo político del presidente colombiano.
Petro respondió con críticas a la decisión y defendió en consejo de ministros que su gobierno es el que más cocaína ha incautado en la historia y que ha desmantelado miles de laboratorios. La disputa deja al descubierto una grieta de fondo: mientras Washington acusa falta de voluntad y resultados, Bogotá se refugia en cifras propias para intentar contener una sanción política de alto calibre.
La ley estadounidense obliga al presidente a identificar cada año a los países que no cumplieron sus compromisos bajo los acuerdos internacionales antinarcóticos en los 12 meses previos. En este caso, la advertencia no solo señala fallas de cooperación. También exhibe el deterioro de dos gobiernos que, por acción u omisión, han dejado crecer una amenaza que desborda fronteras, corrompe instituciones y alimenta la violencia en todo el continente.
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