El profesor Ariel Manuel Martín Barroso recibió una condena de 10 años de prisión por pintar mensajes antigubernamentales y contra Miguel Díaz-Canel, en un caso que vuelve a mostrar el castigo político del régimen cubano contra cualquier gesto de crítica pública.
La sentencia fue dictada por el Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, y no se quedó en la cárcel. También le impuso la prohibición de ejercer como profesor en centros estudiantiles y otras restricciones que lo apartan de la universidad donde trabajaba. El régimen no solo castigó la expresión; también lo expulsó de su espacio profesional y lo convirtió en un blanco de control social.
Martín Barroso tenía 42 años cuando fue detenido en febrero de 2025. En ese momento integraba el claustro de la Facultad de Ciencias Técnicas y Empresariales de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez y además formaba parte de la Junta de Acreditación Nacional del Ministerio de Educación Superior. Su caso golpea a un docente con presencia institucional y confirma que la vigilancia política alcanza incluso a quienes han trabajado dentro de la propia estructura oficial.
El Observatorio de Libertad Académica señaló que agentes de la Seguridad del Estado siguieron al profesor en el campus. Según esa denuncia, esos oficiales testificaron en su contra con argumentos como que siempre resultó sospechoso por su conducta frente al llamado proceso revolucionario. En la Cuba de hoy, la sospecha política pesa tanto como una prueba y basta una señal de desacuerdo para convertir a un profesor en acusado.
La acusación formal fue por “propaganda contra el orden constitucional” y “desacato”. El observatorio añadió que las pintadas contra Díaz-Canel sostuvieron el expediente y que el académico no se retractó ni durante la instrucción ni en el juicio. Esa negativa a ceder ante la presión del aparato estatal terminó reforzando una condena que también busca disciplinar al resto de la comunidad universitaria.
La condena, emitida el 8 de septiembre de 2025, vuelve a dejar en evidencia el papel de los tribunales políticos en Cuba. Cuando un profesor termina preso por frases pintadas en una pared, el régimen exhibe su miedo a la crítica y su decisión de responder con prisión, vigilancia y exclusión laboral. La academia sigue intervenida por la Seguridad del Estado, no protegida por la ley.
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