El Congreso de Estados Unidos abrió un nuevo frente contra una red de organizaciones no lucrativas de tendencia izquierdista que, según sus investigadores, funciona como vehículo de propaganda alineada con Pekín. El blanco principal es Neville Roy Singham, empresario nacido en Estados Unidos y radicado en China, a quien un comité de la Cámara de Representantes acusa de financiar y conectar grupos que empujan narrativas antiestadounidenses bajo cobertura académica, periodística y social.
La ofensiva la encabeza Jason Smith, presidente del Comité de Medios y Arbitrios, quien envió cartas a BreakThrough BT Media Inc. y Tricontinental: Institute for Social Research para exigir registros sobre sus vínculos con Singham. En esos documentos, Smith sostiene que ambas entidades podrían estar sirviendo como canales de propaganda del Partido Comunista chino mientras disfrutan del paraguas fiscal reservado para organizaciones exentas de impuestos.
El señalamiento no se queda en la retórica política. El legislador pidió información sobre financiamiento, actividades y comunicaciones con personas vinculadas al Partido Comunista chino, y advirtió que, si esas entidades actúan como agentes de un poder extranjero, su estatus fiscal debe ser revocado de inmediato. También planteó que el uso de esa estructura sin fines de lucro para alimentar protestas y difusión ideológica puede violar el propósito legal para el que fueron creadas.
BreakThrough, que publica contenido bajo la marca BreakThrough News, y Tricontinental forman parte de una red más amplia que el comité relaciona con la movilización de protestas, la amplificación de consignas y la difusión de mensajes hostiles a Estados Unidos. Entre las actividades mencionadas por Smith figuran coberturas favorables a manifestaciones, publicaciones sobre ataques contra Israel y la difusión temprana de videos de hechos violentos vinculados a protestas en Minnesota.
El caso muestra hasta dónde puede llegar la infiltración ideológica cuando se mezcla dinero, activismo y cobertura mediática. Bajo el disfraz de investigación, periodismo o trabajo social, estas estructuras pueden convertirse en instrumentos de influencia política extranjera. La advertencia del Congreso apunta a cortar ese flujo antes de que siga contaminando el debate público y el orden interno en Estados Unidos.
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