La Corte Suprema de Estados Unidos revisa demandas de ciudadanos y empresas estadounidenses por propiedades confiscadas por el régimen cubano, en un caso que vuelve a colocar sobre la mesa la cuenta pendiente de las expropiaciones de la era castrista. La Casa Blanca defendió ante el tribunal el derecho de esas víctimas a reclamar compensación y pidió respaldar la rendición de cuentas por las confiscaciones ilegales.
La intervención de la Administración estadounidense no deja espacio para las excusas de La Habana. Washington sostuvo que tiene un interés de política exterior en promover la democracia en Cuba y en sostener las reclamaciones amparadas en el Título III de la Ley Helms-Burton, una herramienta que durante años quedó frenada por suspensiones presidenciales y que Donald Trump reactivó en 2019.
El fondo del asunto es claro: el régimen se quedó con bienes privados y los convirtió en patrimonio del Estado sin reparar a sus dueños. Según cifras del propio Gobierno estadounidense, más de 5.900 personas y empresas mantienen reclamaciones certificadas contra el Estado cubano por más de 1.900 millones de dólares, sin contar intereses. Esa deuda jurídica y política sigue abierta más de seis décadas después de las primeras confiscaciones.
La Corte ya había aceptado en octubre pasado dos casos de reclamaciones por bienes tomados tras la llegada de Fidel Castro al poder. Uno enfrenta a Exxon Mobil con CUPET y CIMEX por activos que incluyen la refinería Ñico López y más de un centenar de estaciones de servicio. Exxon reclama una compensación por daños estimados en unos 72 millones de dólares, cifra que con intereses podría multiplicarse varias veces.
El otro expediente lo presentó Havana Docks Corporation, dueña original de los muelles del puerto de La Habana, nacionalizados después de la revolución. La empresa acusa a varias navieras de haber usado esas instalaciones entre 2015 y 2019 sin autorización ni pago. Carnival, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line y MSC Cruises niegan violación alguna y alegan que el contrato original venció en 2004.
El Departamento de Justicia respaldó la revisión de ambos casos y habló de un “interés imperioso” en asegurar una compensación justa para los afectados. Del lado cubano, CIMEX y CUPET advirtieron sobre posibles consecuencias diplomáticas y económicas si el fallo resulta adverso. La reacción del aparato estatal confirma que el problema no quedó enterrado con la propaganda de la revolución: las expropiaciones siguen persiguiendo al régimen en los tribunales y en su relación con el exterior.
La revisión de la Corte Suprema tiene alcance más allá de los demandantes. Cada paso de estos litigios vuelve a exponer la raíz del poder castrista: la confiscación como método de control, la negación de la propiedad privada y la impunidad convertida en política de Estado. Mientras Cuba carga con el desastre económico y la falta de derechos, el régimen todavía intenta sostener el costo de una apropiación que el tiempo no ha logrado borrar.
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