La escasez de combustible en Cuba ya tiene una víctima clara: las mipymes. Un análisis de la consultora Auge, basado en datos de la ONEI, calcula que 8.904 de las 9.236 registradas en el país, el 96,4 %, enfrentan impactos severos o críticos por la falta de energía.
La foto que deja ese estudio es brutal. De ese total, 7.491 empresas, el 81,1 %, trabajan en sectores donde el combustible es parte esencial del proceso productivo. Otras 1.413, un 15,3 %, podrían cerrar si la crisis se alarga. Apenas 332, el 3,6 %, tienen capacidad real para resistir sin comprometer su existencia. En Cuba, eso significa negocios detenidos, mercancías que no llegan, comida que se encarece y familias que dependen de una actividad cada vez más asfixiada.
El golpe se siente con más fuerza en La Habana, donde se concentra el 43 % del total de mipymes, con 3.966 empresas. Cualquier apagón, cualquier traba para acceder al combustible, cualquier nueva demora en el abastecimiento termina afectando a casi la mitad del sector. La capital vuelve a cargar con el peso de un país mal administrado, donde el colapso energético se traduce enseguida en pérdida de ingresos y en más precariedad para quienes intentan sostener un negocio propio.
El problema venía anunciado. En el Estudio de Clima Empresarial 2025, 175 directivos fueron consultados y el 48 % dijo haber invertido en paneles solares, plantas eléctricas o baterías para sobrevivir. El 52 % no pudo pagar esa salida y quedó más expuesto. Esa diferencia revela hasta qué punto el sector privado cubano depende de su propio esfuerzo para compensar el fracaso estatal. El régimen deja a los emprendedores resolviendo por su cuenta lo que el sistema debería garantizarles y no cumple.
Las mipymes nacieron tras la apertura iniciada en 2010 y se convirtieron en el segmento más dinámico de la economía nacional. Hoy operan dentro de una infraestructura eléctrica y de transporte deteriorada, con combustible en el mercado informal por encima de los seis dólares el litro y con una cadena productiva cada vez más rota. La falta de diésel paraliza transporte, manufactura, comercio y servicios. También castiga a cuentapropistas y productores agrícolas que necesitan mover alimentos desde el campo hasta los mercados, los restaurantes y otros negocios privados.
En los últimos días trascendió además que el régimen autorizó la importación de combustible por parte de actores no estatales, una medida que llega bajo nuevas presiones económicas de Estados Unidos sobre los países que suministren petróleo a la Isla. Durante años, el sector privado pidió esa posibilidad sin obtener respuesta pública. Ahora la crisis ha crecido hasta convertirse en una amenaza sistémica para casi todo el sector privado cubano, al que el oficialismo insiste en llamar “formas de gestión no estatal”.
La consecuencia política es evidente. Mientras el aparato estatal sigue sin garantizar energía estable, miles de emprendedores quedan atrapados entre la escasez, los precios del mercado informal y la rigidez de un modelo que castiga la iniciativa y convierte cada negocio en una apuesta frágil. El colapso del combustible no solo revela otra falla de la economía cubana; exhibe la responsabilidad de un régimen que ha dejado al país vivir al borde de la paralización.
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