La crisis de combustible ya está dejando los anaqueles vacíos en las mipymes de Santa Clara y empujando a varios negocios al cierre. En puestos de venta de la ciudad, los comerciantes advierten que el inventario se agota, el traslado de mercancías se volvió prohibitivo y reponer la comida básica cuesta ahora más de lo que deja venderla.
Dagmara, propietaria de un punto de ventas cerca del estadio Sandino, logró traer un lote de arroz, frijoles, azúcar y aceite comestible justo antes de que la gasolina informal superara los seis dólares por litro. Ese surtido duró menos de dos días. La clientela compró por cajas, movida por el miedo a que la mercancía desapareciera o subiera de precio de un momento a otro. Poco después, su proveedor le canceló una segunda orden y el negocio quedó al borde del desabastecimiento.
La escena se repite en otros puntos de la provincia. Buena parte de estos pequeños comerciantes depende de terceros que les llevan productos desde La Habana, depósitos mayoristas o la Terminal de Contenedores del Mariel. En el papel, la prensa oficial insiste en que allí todo marcha con “absoluta normalidad”. En la práctica, trasladar un contenedor hasta Villa Clara cuesta más de un millón de pesos, una cifra que convierte cualquier operación en una ruina anunciada. La propia logística estatal terminó diseñada para estrangular el comercio privado y castigar a quienes intentan sostener la oferta en los barrios.
Adrián Aguilar, dependiente de un puesto en la carretera a Sagua, explica que antes se surtían en Camajuaní, pero ahora la camioneta sale en miles de pesos. A eso se suma el aumento en los precios minoristas y la imposibilidad de mover carga como antes. En su negocio ya están “quedándose sin inventario disponible” y los dueños les pidieron ir liquidando lo poco que queda. Con un triciclo eléctrico apenas pueden cargar una fracción mínima de lo que movían antes, mientras el combustible encarece cada viaje y destruye la rentabilidad.
El golpe del régimen no termina en el transporte. En Villa Clara, los inspectores han impuesto sanciones y ventas forzosas a cuentapropistas que ofrecen aceite a 1.500 pesos la botella o pollo por encima de los límites fijados en la Resolución 225 del Ministerio de Finanzas y Precios. La consecuencia es previsible: muchos vendedores esconden mercancía para evitar multas y decomisos, otros venden solo a clientes de confianza y varios se niegan a reponer inventario porque el costo de traerlo es mayor que la ganancia posible.
Una trabajadora por cuenta propia, que pidió anonimato por temor a represalias, lo resume con crudeza: no acepta perder dinero mientras el aceite en dólares le llega mucho más caro. También cuenta que las últimas cajas que trasladó desde La Habana las pagó en dólares estadounidenses. Su cálculo es el mismo que hacen otros comerciantes en Santa Clara y en el resto del país: si pagar combustible y transporte arruina el negocio, el comercio privado se vacía y la oferta desaparece.
Beatriz Caballero, propietaria de otro punto de venta en Santa Catalina, dice que en una semana se le agotó casi todo lo que tenía en las neveras. Apenas le quedan algunos paquetes de hígado, de poca salida, y algún tubo de mortadella importada. “Aquí no me ha entrado una caja de picadillo más, ni de pollo; se nos acabó el arroz. Lo que queda es lo que está ahí y cuando esto se venda, tendremos que cerrar”, advierte.
La crisis energética está golpeando de frente a las mipymes, uno de los pocos espacios donde los cubanos encuentran comida básica para resolver el día a día. Un informe de la consultora Auge estima que el 96,4% de estos negocios enfrenta un impacto entre “severo” y “catastrófico” y advierte que solo unos pocos podrán sobrevivir si la escasez se prolonga. La lectura política es clara: cuando el sistema energético colapsa, arrastra con él al comercio, a la oferta y a la gente que depende de esos puntos para comer. En Cuba, hasta el inventario privado queda atrapado en la incapacidad del régimen para sostener la economía.
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