La Habana subió el tono contra Washington después del intento de infiltración armada del 25 de febrero en Villa Clara y del caso de los 10 panameños detenidos en la capital, dos hechos que el régimen usa para sostener su denuncia de una campaña de desestabilización alentada desde Estados Unidos. La ofensiva verbal llega mientras la isla sigue hundida en apagones de hasta 15 horas y en una crisis energética que ya estrangula la vida cotidiana.
El reclamo oficial apareció en un comentario televisivo difundido en los días previos a este martes. Allí, el vocero del régimen aseguró que en la actual administración estadounidense existe “tolerancia e impunidad” ante quienes organizan acciones violentas contra Cuba. Desde esa premisa, La Habana enumeró siete puntos para cargar sobre Washington el recrudecimiento del embargo, la presión sobre la colaboración médica, los golpes al turismo, la suspensión de remesas, las infiltraciones armadas, la campaña mediática y la confusión política sembrada entre la población cubana.
El caso que más peso le da a esa denuncia oficial es la intercepción de una lancha rápida con matrícula de Florida cerca de Cayo Falcones. A bordo iban 10 cubanos residentes en Estados Unidos, armados con fusiles tipo AR-15, un fusil Delta, una escopeta Winchester, 11 pistolas, 134 cargadores, 12.846 municiones, explosivos y chalecos antibalas. Cuatro murieron en el enfrentamiento y seis quedaron detenidos y acusados por la Fiscalía en Villa Clara de terrorismo. La propia versión oficial señala a Maritza Lugo Fernández, residente en Estados Unidos y vinculada al movimiento 30 de Noviembre, como autora intelectual.
Ese episodio le sirve al régimen para reforzar su discurso de plaza sitiada, pero también deja en evidencia una realidad más incómoda: la confrontación con el exilio cubano sigue marcada por la violencia y por operaciones que apuntan a golpear la isla desde fuera. La maquinaria estatal aprovecha cada indicio de amenaza para cerrar filas y pedir respaldo, mientras evita responder por el fondo del desastre interno, con una economía exhausta, una red eléctrica colapsada y una población atrapada entre la escasez y el control político.
La otra denuncia oficial apunta a 10 ciudadanos panameños detenidos el 28 de febrero en La Habana por pintar carteles con mensajes contra el comunismo y el orden impuesto por el régimen. El MININT asegura que recibirían dinero al regresar a Panamá, pero un video difundido por opositores los muestra entregando comida a necesitados, una imagen que contradice la versión policial. José Daniel Ferrer rechazó públicamente la narrativa oficial. Panamá confirmó las detenciones, activó canales diplomáticos y su embajador se reunió con los detenidos en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado.
En paralelo, el régimen intenta atar estos hechos a la orden ejecutiva firmada por Trump el 29 de enero, que declaró emergencia nacional por Cuba e impuso sanciones secundarias a países y empresas que suministren petróleo a la isla. La consecuencia ya está a la vista: apagones prolongados, un sistema eléctrico al borde del colapso y una población que paga el precio de una confrontación política que La Habana explota para blindarse, pero que no resuelve su ruina interna.
La frase con la que el vocero cerró su intervención —“Plan contra plan, diría Martí”— resume la apuesta oficial: convertir cada crisis en una pieza de propaganda contra Washington mientras el régimen sigue sin dar salida al derrumbe cotidiano que impone dentro de Cuba.
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