El régimen cubano publicó este martes un decreto ley que autoriza nuevas asociaciones entre empresas estatales y entidades privadas, una medida que intenta dar aire a la economía sin tocar el centro del poder. La norma llega en plena crisis y deja claro que La Habana busca mover piezas, no soltar el control.
El Decreto-Ley 114/2025, divulgado en la Gaceta Oficial, habilita sociedades mixtas de responsabilidad limitada, la compra de participaciones, fusiones por absorción y contratos de asociación económica. En el papel, amplía las herramientas para vincular el sector estatal con el privado. En la práctica, mantiene la jerarquía política del Estado sobre cualquier intento de expansión empresarial fuera de su órbita.
El economista Elías Amor Bravo interpretó esta decisión como una salida desesperada de un modelo que ya no logra sostenerse por sí mismo. Su lectura apunta al fondo del asunto: el régimen admite espacios para el capital privado, pero solo dentro de un diseño que sigue subordinado a la burocracia y a la supervisión oficial.
Pedro Monreal fue más lejos al describir la medida como una desestatización domesticada, con partes del sector estatal “sueltas” para buscar sinergias con capital privado nacional, pero sin abandonar la subordinación del empresariado privado. Esa fórmula resume bien el alcance real de la norma: crecimiento condicionado, vigilancia permanente y cero autonomía plena.
La arquitectura legal lo confirma. Podrán participar empresas estatales, sociedades anónimas de capital totalmente cubano y unidades presupuestadas con tratamiento especial; del lado privado, solo mipymes y cooperativas agropecuarias y no agropecuarias. Quedan excluidas las personas naturales que ejercen actividades mercantiles, lo que recorta todavía más el margen de maniobra para una economía verdaderamente libre.
El Ministerio de Economía y Planificación también publicó la Resolución 8/2026, que fija el procedimiento para evaluar y aprobar esas asociaciones. Ahí aparece otra traba conocida: cada proyecto debe pasar por autorización estatal. El resultado es el mismo de siempre en Cuba, una economía que depende de la decisión política antes que de la iniciativa productiva.
Amor Bravo sostuvo que, en condiciones normales, el régimen no habría sacado adelante una medida de este tipo. Según dijo, la apertura responde a la urgencia de una crisis humanitaria y económica provocada por la incompetencia de sus gestores. La norma llega por necesidad, no por convicción reformista.
Monreal advirtió además que todas las modalidades previstas favorecen a la empresa estatal. Para el sector privado, eso significa una expansión con ventaja estructural para el socio oficial y desventaja para el emprendedor cubano, que sigue obligado a operar dentro de un sistema desigual desde el arranque.
La disposición permite cierta autonomía para exportar, importar y abrir cuentas bancarias en divisas, pero incluso esas facultades quedan sujetas a autorización del Ministerio de Finanzas y Precios. También excluye áreas golpeadas como salud y educación, mientras deja espacio para asociaciones vinculadas con los sistemas empresariales de las instituciones militares. El reparto habla por sí solo: lo sensible permanece blindado y lo militar conserva prioridad.
Tanto el Decreto-Ley 114/2025 como la Resolución 8/2026 entrarán en vigor el 2 de abril de 2026. Para los cubanos, el fondo no cambia. El régimen quiere oxigenar la economía sin perder la manija del control, abre la puerta al capital privado y sigue decidiendo quién entra, cómo entra y hasta dónde puede avanzar.
Sé el primero en comentar