Cuba autoriza empresas mixtas en plena crisis

Cuba autorizó la creación de empresas público-privadas por primera vez en 60 años, una concesión que llega en medio de la crisis económica y energética que aprieta a la isla. La decisión salió en la Gaceta Oficial mediante un decreto-ley y marca un giro forzado en un modelo que durante décadas cerró la puerta a este tipo de fórmulas.

El nuevo marco permite que esas sociedades fijen qué productos y servicios venderán, sus precios, los ingresos de sus empleados y el tamaño de su plantilla. El régimen entrega margen operativo donde antes impuso control total, pero lo hace empujado por la urgencia de una economía agotada y por la incapacidad de sostener por sí solo un aparato productivo cada vez más débil.

Las empresas mixtas podrán dedicarse a cualquier actividad lícita, salvo salud, educación y funciones ligadas a las instituciones armadas, con la excepción de los sistemas empresariales de esos sectores. Esa limitación revela que La Habana abre espacio en la economía, pero conserva bajo llave las áreas que sostienen su control político y su estructura de poder.

La medida aparece después de que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel lanzara a inicios de febrero un paquete de acciones para enfrentar el desabastecimiento agudo de combustible. El propio cuadro descrito por el texto refleja la magnitud del problema: la crisis se alimenta de las sanciones de Estados Unidos y de la imposibilidad de recibir crudo procedente de Venezuela.

Donald Trump también amenazó con imponer aranceles a cualquier país que suministrara petróleo a Cuba, un golpe adicional para una isla ya asfixiada. La combinación de esos factores empuja al régimen a improvisar salidas económicas mientras la población carga con el costo en más escasez, más apagones y más deterioro cotidiano.

La autorización de estas empresas no equivale a una apertura política. El castrismo se mueve por necesidad, obligado por el colapso de su propio modelo y por la falta de combustible que ya golpea la vida diaria. Después de seis décadas de monopolio, aceptar sociedades público-privadas deja al descubierto el desgaste de un sistema que sigue aferrado al control, aunque tenga que ceder terreno para sobrevivir.

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