El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, felicitó al presidente de Honduras, Nasry Asfura, por la salida de su país del Grupo de La Haya, una coalición creada para promover sanciones internacionales contra Israel por la ofensiva en Gaza. La reacción de Jerusalén convirtió una decisión diplomática de Tegucigalpa en un gesto político celebrado abiertamente por el gobierno israelí.
Saar escribió en X que la retirada hondureña era «un paso de principios contra el mal en el ámbito internacional» y remató su mensaje con una referencia a la «fuerte amistad» entre ambos países. La escena deja claro el valor que Israel le concede a un viraje que debilita el frente impulsado por varios gobiernos del sur global contra la guerra en Gaza.
Honduras anunció este martes su salida de esa iniciativa, liderada por Colombia y Sudáfrica, y la justificó con el argumento de querer sostener una política exterior «soberana, autónoma y equilibrada». Al mismo tiempo, el gobierno hondureño insistió en que mantiene su compromiso con el derecho internacional humanitario, la protección de civiles en conflictos armados y el respeto pleno a los derechos humanos.
El movimiento tiene peso porque el Grupo de La Haya fue creado en enero de 2025 por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica como respuesta a la crisis humanitaria en Gaza. La salida de un miembro le quita densidad política a ese bloque y expone sus límites en una coyuntura marcada por la presión diplomática y las lecturas enfrentadas sobre el conflicto.
Para Cuba, la referencia también tiene lectura propia. La dictadura cubana se sentó desde el inicio en un grupo presentado como defensor del derecho humanitario mientras dentro de la Isla mantiene su propio expediente de abusos, censura y represión. El régimen usa la retórica internacional para colocarse del lado de las causas justas, pero en casa niega libertades básicas y castiga cualquier disenso.
La salida de Honduras y la respuesta de Israel muestran además hasta qué punto estos alineamientos internacionales terminan atravesados por intereses políticos y cálculos diplomáticos. En el caso cubano, la participación en ese tipo de plataformas vuelve a exhibir la distancia entre el discurso externo del poder y la realidad interna de un país donde el respeto a los derechos humanos sigue siendo una deuda del régimen.
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