Cuba cerró la penúltima semana de 2025 con una realidad sanitaria que el régimen intentó maquillar durante meses: el ascenso de la mortalidad por arbovirosis y una expansión de enfermedades transmitidas por vectores que dejó al país más expuesto, más sucio y más indefenso.
Las cifras oficiales hablan de 55 fallecidos, con una presencia marcada de menores de edad entre las víctimas. Detrás de ese número hay un sistema de salud agotado, una atención primaria saturada y una población obligada a enfrentar la fiebre, el dolor y las manchas en la piel con la misma escasez que define casi toda la vida en la Isla.
La crisis comenzó a hacerse visible en Cárdenas, Matanzas, donde se reportaron los primeros casos con fuerza. Desde entonces, el cuadro se fue extendiendo mientras el régimen dejaba correr el deterioro de la insalubridad nacional: basura acumulada, salideros de agua y vertimientos de aguas albañales convirtieron barrios enteros en caldo de cultivo para mosquitos y roedores.
En redes sociales, el opositor exiliado Eduardo Pacheco denunció la magnitud del brote y la falta de recursos para diagnosticar a los enfermos. “En este momento hay cientos de miles de personas enfermas (…) no hay para hacer un diagnóstico, no hay”, dijo, reflejando una realidad que el aparato oficial tardó demasiado en reconocer.
Los reportes ciudadanos y de medios independientes también dejaron al descubierto el estado de abandono en zonas de La Habana. En junio, Martí Noticias documentó la proliferación de roedores y mosquitos cerca de centros de salud y escuelas en El Vedado, La Habana Vieja, Centro Habana y el Cerro. Esa convivencia entre enfermedad, basura y servicios colapsados terminó por agravar un escenario que el régimen no quiso enfrentar con la urgencia debida.
En julio apareció el primer brote de Chikungunya en Matanzas, que quedó como epicentro de la enfermedad. Meses después, ya en noviembre, Miguel Díaz-Canel admitió oficialmente la existencia de una epidemia de Dengue, Chikungunya y Oropouche, cuando el daño ya estaba extendido y el país cargaba con el costo humano del silencio oficial.
A inicios de diciembre, el Ministerio de Salud Pública había confirmado 33 muertes. La actualización de fin de mes elevó la cifra a 55. La Organización Panamericana de la Salud, por su parte, ratificó que Cuba presenta la mayor incidencia de Chikungunya en el continente durante 2025, con una tasa de 183,043 casos por cada 100,000 habitantes, por encima de Brasil y del promedio del Caribe.
Esa estadística, sin embargo, llega con reservas. Expertos han advertido que la escasez de reactivos y el peso de la vigilancia clínica sobre un sistema de diagnóstico saturado pueden ocultar una parte importante del contagio real. En Cuba, donde el régimen controla la información y la precariedad domina los consultorios, cada cifra oficial viene con sombra de subregistro.
Para los que sobreviven al virus, la recuperación también tropieza con la escasez. Desde La Habana, la activista Lucinda González contó que, tras el diagnóstico, el médico solo le indicó tomar agua y resistir. “Qué esperanza, más aquí en Cuba sin medicamentos, que estamos falta de vitaminas”, dijo. En Holguín, Dámaso Fernández describió secuelas que limitan la vida diaria y dejan a la persona prácticamente incapacitada para buscar alimentos o moverse con normalidad.
La epidemia dejó al desnudo algo más profundo que un brote estacional. Expuso la ruina sanitaria, la basura acumulada, la falta de medicamentos y la incapacidad del régimen para proteger a la población siquiera en una crisis evitable. Cuando la insalubridad se vuelve norma y la respuesta oficial llega tarde, Cuba paga con muertes, secuelas y más desamparo.
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