El régimen cubano impuso siete años de cárcel al opositor y preso político Alexander Verdecia Rodríguez, una sentencia que vuelve a dejar al desnudo el uso del aparato judicial como herramienta de castigo contra quienes denuncian la crisis del país y desafían el control político desde dentro de la isla.
Su esposa, Eliannis Villavicencio, confirmó en redes sociales que Verdecia la llamó desde la prisión Las Mangas, en Bayamo, para decirle que ya le habían entregado la condena. La propia reacción familiar resume el abuso: una sanción pesada por expresar ideas en redes sociales y por exigir mejores condiciones de vida para el pueblo cubano.
Verdecia, activista de la Unión Patriótica de Cuba, llevaba detenido desde enero. Meses después, en junio, las autoridades le comunicaron que la fiscalía pedía diez años de prisión. Finalmente, el Tribunal Provincial Popular de Granma lo declaró culpable de instigación a delinquir y propaganda contra el orden constitucional, dos figuras que el régimen usa para criminalizar la disidencia y castigar la crítica política.
El documento entregado por las autoridades sostuvo que el opositor “perturbó la tranquilidad ciudadana” en Río Cauto y convocó a la población a manifestarse. También le pasaron factura por sus publicaciones contra el régimen en redes sociales, en una muestra más de cómo la censura y la represión se extienden hasta el espacio digital cuando la denuncia molesta al poder.
La sentencia no cae sobre un improvisado. Verdecia ha sufrido cárcel política en varias ocasiones. En 2015 recibió tres meses de reclusión domiciliaria; después, seis meses por negarse a pagar una multa de 2 mil pesos; en 2016 volvió a prisión durante un año por supuesto desacato a la autoridad, y en 2018 fue condenado a otros dos meses de prisión domiciliaria. El historial confirma una persecución sostenida contra un activista que insiste en denunciar la miseria y el abandono en su municipio de origen.
Natural de Río Cauto, en Granma, Verdecia ha mantenido durante años sus señalamientos sobre las pésimas condiciones de vida en esa localidad del oriente cubano. En 2014, además, fue expulsado de la Empresa Arrocera Valle del Cauto por pertenecer al movimiento religioso Pastores por el Cambio. La condena de ahora se inserta en ese mismo patrón de represalia: castigo laboral, hostigamiento político, encarcelamiento y sentencia para silenciar una voz incómoda.
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