María Emilia Savigne Borjas pidió ayuda antes de morir, pero el régimen no la protegió. La mujer de 38 años fue atacada el 23 de mayo de 2024 por su expareja en Santiago de Cuba y falleció al día siguiente en el Hospital Militar Joaquín Castillo Duany. Había denunciado antes a su agresor y, aun así, las autoridades no actuaron con eficacia para impedir el crimen.
Su caso resume una falla que ya se volvió rutina en la isla: mujeres que alertan sobre amenazas, ponen denuncias y terminan asesinadas por los mismos hombres que el Estado dejó libres o sin control real. María Emilia murió frente a su hijo pequeño y su pareja, en una escena que revela hasta qué punto la protección oficial en Cuba es papel mojado cuando se trata de violencia machista.
La historia de Roxana Donatien Celian, de 21 años, confirma ese patrón. Fue asesinada el 2 de julio de 2025 en Juruquey, Camagüey, dentro de la vivienda que compartía con su agresor. La familia sabía que él podía ser violento y días antes ella había acudido a la estación de policía, donde le impusieron una orden de alejamiento. La medida existía, pero no bastó. La joven fue reportada como desaparecida durante varios días hasta que las autoridades detuvieron al asesino y este confesó dónde estaba el cuerpo.
También quedó en esa lista Yuleidis Sánchez Rodríguez, de 43 años, asesinada el 31 de diciembre de 2025 por un hombre con antecedentes de violencia machista. Había denunciado antes. El resultado fue el mismo. En Cuba, la denuncia no garantiza protección, y el aparato estatal sigue sin responder con la seriedad que exige una amenaza de muerte.
Las organizaciones Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas documentan que entre 2019 y 2025 al menos 66 mujeres víctimas de feminicidio habían advertido antes sobre el riesgo que corrían. En ese mismo período, registraron 417 asesinatos por motivos de género en la isla. El subregistro puede ser mayor porque el régimen sigue sin publicar datos oficiales confiables y mantiene cerradas las vías de información.
Ese vacío no es menor. En Cuba no existe un reconocimiento penal claro del feminicidio ni protocolos eficaces de prevención, refugios para mujeres en riesgo ni sistemas serios de seguimiento como tobilleras electrónicas. Las víctimas, muchas veces, quedan obligadas a seguir viviendo cerca del agresor o a depender de familiares que tampoco cuentan con medios para protegerlas. La impunidad se alimenta de la precariedad y del abandono institucional.
La situación se agrava cuando la violencia ocurre dentro de espacios estatales. Entre 2019 y 2025, al menos diez mujeres fueron asesinadas en hospitales, estaciones policiales, escuelas, círculos infantiles o centros laborales. Uno de los casos más brutales fue el de Leidy Bacallao Santana, una adolescente de 17 años que llegó a una unidad policial de Camalote, Camagüey, buscando resguardo porque su expareja la amenazaba de muerte. Allí mismo fue alcanzada, sacada de la estación y ultimada a machetazos.
El padre de la joven denunció que los policías la dejaron matar. El Ministerio del Interior terminó reconociendo los hechos después de que circularan denuncias independientes en redes sociales, una respuesta tardía y calculada que solo sirvió para cubrir la vergüenza institucional. Tres años después, todavía no se conoce públicamente el veredicto del juicio contra el agresor.
Casos como ese demuestran que el problema no se limita al agresor directo. Cuando una mujer denuncia y no recibe protección efectiva, falla el Estado. Cuando termina asesinada dentro de una estación de policía o en un hospital, la responsabilidad institucional es todavía más grave. Laritza Diversent, abogada de Cubalex, lo resume con claridad: las autoridades tienen la obligación de investigar, aplicar medidas cautelares y actuar con diligencia, pero en la práctica ni la policía, ni la fiscalía, ni los tribunales están preparados para responder como deberían.
Las plataformas feministas llevan años exigiendo una ley integral contra la violencia de género, refugios, un sistema nacional de atención y la tipificación del feminicidio en el Código Penal. También reclaman que se deje de criminalizar el trabajo de los observatorios independientes, que hoy operan bajo represión, apagones, internet más caro y un cerco informativo que dificulta cada verificación.
La deuda del régimen con las mujeres cubanas ya no cabe en discursos ni en simulacros institucionales. Mientras no existan protección real, registros públicos, medidas de prevención y una respuesta legal seria, la violencia seguirá entrando por la puerta de la casa, del trabajo, del hospital o de la propia policía. Y cada una de esas muertes seguirá señalando al mismo responsable político.
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