Los diplomáticos cubanos expulsados por el Gobierno de Daniel Noboa llegaron este jueves a La Habana, después de que Quito los declarara persona no grata y ordenara su salida del país en un plazo de 48 horas. La decisión golpeó de inmediato la relación bilateral y dejó a la misión cubana fuera de Ecuador bajo una tensión diplomática que el régimen en La Habana trató de convertir en discurso político.
Bruno Rodríguez salió a presentarlos como funcionarios “injustamente expulsados” y habló de “dignidad” y “diplomacia revolucionaria” para cerrar filas alrededor del episodio. Pero el hecho central sigue siendo otro: Ecuador vació la sede cubana en Quito, la rodeó con tropas militares y policiales, y aplicó una medida unilateral que el propio gobierno de ese país justificó con el derecho internacional, sin ofrecer públicamente las razones de fondo.
La respuesta de La Habana siguió el libreto conocido. La Cancillería calificó la expulsión de “arbitraria e injustificada”, la describió como un acto inamistoso y acusó a Noboa de actuar bajo presión de Washington. Díaz-Canel, por su parte, aseguró que la decisión refleja una política de “clara sumisión” a intereses imperiales. El canciller cubano fue más lejos y habló de “servilismo” para complacer al gobierno de Estados Unidos.
El episodio importa porque vuelve a colocar a Cuba en el centro de una disputa donde el régimen intenta vender cada choque diplomático como una agresión contra la nación, aunque en la práctica lo usa para reforzar su propaganda interna. La expulsión de toda la misión cubana en Ecuador no es un simple roce protocolar: deja ver hasta qué punto La Habana sigue dependiendo de una narrativa de confrontación externa para sostener su relato político, mientras dentro de la isla mantiene el cerrojo sobre la vida pública.
La cancillería cubana también recordó el asalto a la embajada de México en Quito en abril de 2024, un precedente que el propio Rodríguez usó para retratar a Noboa como alguien que desconoce la Convención de Viena. Con eso, La Habana buscó encuadrar el caso en una secuencia de choques diplomáticos que, para el régimen, sirven tanto para denunciar a sus adversarios como para blindar su discurso de víctima permanente.
Al final, el regreso de estos funcionarios a La Habana deja otra imagen útil para el aparato oficial: la de una embajada cerrada por decisión de otro gobierno y una Cancillería cubana convertida en altavoz de la confrontación. En un país donde la diplomacia responde siempre a la política del poder, el episodio confirma que el régimen no desaprovecha ninguna crisis externa para alimentar su cerco ideológico interno.
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