El vicecanciller del régimen cubano, Carlos Fernández de Cossío, dejó clara la postura de La Habana: los presos políticos no entran en ninguna conversación con Estados Unidos. En declaraciones a EFE, insistió en que el tema no forma parte del diálogo bilateral y trató de separar esa exigencia de cualquier negociación entre ambos gobiernos.
La frase llega en un momento en que Washington y La Habana mantienen contactos limitados al intercambio de mensajes, según el propio funcionario. Fernández de Cossío negó que exista una mesa de negociación en marcha y aseguró que ese proceso ni siquiera ha comenzado, pese a las versiones públicas del presidente Donald Trump sobre conversaciones a alto nivel con el gobierno cubano.
El vicecanciller también descartó contactos indirectos por medio de México o el Vaticano y rechazó que la liberación de presos pueda ponerse sobre la mesa. Con eso, el régimen vuelve a blindar uno de sus mecanismos más antiguos de control político: mantener a opositores, manifestantes y ciudadanos encarcelados como ficha intocable, mientras exige trato diplomático como si la represión no existiera.
En su discurso, Fernández de Cossío intentó encuadrar cualquier acercamiento con Estados Unidos en el conflicto energético y en el llamado “asedio petrolero”. Afirmó que Cuba tiene “la razón legal y moral” frente a esa presión y dijo que La Habana está dispuesta a dialogar, siempre que exista “voluntad mutua” y respeto a la “igualdad soberana”. Pero al mismo tiempo levantó una muralla frente al reclamo más sensible: la excarcelación de presos políticos quedó fuera de discusión.
El funcionario también extendió esa línea de cerrazón a otros asuntos internos y sostuvo que el régimen no aceptará tratar reformas políticas o económicas en una mesa con Washington. En esa lógica, colocó la Constitución cubana al margen de cualquier revisión externa, mientras comparó esos asuntos con lo que Estados Unidos jamás discutiría con La Habana sobre su propia legislación o sobre las redadas migratorias en ciudades norteamericanas.
La declaración deja al descubierto una realidad conocida por los cubanos: el régimen pide interlocución internacional, pero se niega a rendir cuentas por la represión que sostiene dentro de la Isla. No hay voluntad de abrir espacio a la libertad de los presos ni de reconocer el costo humano de las condenas políticas. Sí hay, en cambio, una admisión indirecta de la fragilidad interna, porque Fernández de Cossío también habló de “opciones limitadas” y de un próximo “plan de contingencia” y “proceso de reorganización” que el propio gobierno reconoce como difícil para la población.
Ese anuncio confirma que la crisis golpea de frente al país y que el régimen prepara nuevas maniobras para administrar la escasez y el descontento. Pero mientras pide paciencia a los cubanos, mantiene intacta la cárcel como instrumento de castigo y sigue negando que los presos políticos merezcan estar en el centro de cualquier conversación seria con Washington.

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