Cuba volvió a caer en una oscuridad masiva que ya no admite eufemismos: hasta el 68% del país estuvo al mismo tiempo sin electricidad. El régimen lo reconoció y confirmó, una vez más, que la crisis energética se ha convertido en una rutina nacional que arrastra a millones de cubanos a vivir a merced del próximo corte.
La magnitud del apagón golpea cada rincón de la vida diaria. Sin corriente se pierde la refrigeración de los alimentos, se dificulta el bombeo de agua, se complica la atención en hospitales, se interrumpen las clases y se frena cualquier intento de actividad económica en los negocios pequeños. En una isla donde casi todo depende de la electricidad, un colapso así no solo apaga bombillos: desordena hogares, encarece la supervivencia y empuja a la gente a resolver el día en medio de la incertidumbre.
La cifra también retrata el deterioro de la economía y la incapacidad del aparato estatal para sostener un servicio básico. Durante años, el poder ha querido presentar cada nuevo apagón como una molestia temporal, mientras la realidad se acumula en forma de cansancio, pérdidas y resignación forzada. El resultado es visible en la calle: más horas sin energía, más desgaste social y más familias organizadas alrededor de lo que falte, no de lo que funcione.
Este récord deja al desnudo la responsabilidad política del régimen en un sistema que concentra decisiones, controla recursos y luego traslada el costo del fracaso a la población. La electricidad, que debería ser un servicio elemental, termina administrada como otra carencia más dentro de un modelo que lleva años estirando sus propias excusas. El dato del 68% sin corriente resume ese derrumbe con una crudeza que el cubano conoce de sobra.
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