El régimen cubano sigue sin entregar a la Embajada de Estados Unidos en La Habana la información que le pidió sobre el incidente del 25 de febrero de 2026 en aguas cubanas, mientras mantiene bajo prisión provisional a seis sobrevivientes y empuja el caso hacia un proceso penal por terrorismo. La falta de respuesta oficial agrava una trama ya cargada de sospechas, muertos, detenidos y una versión que Washington se niega a dar por cerrada.
El Departamento de Estado confirmó a Martí Noticias que las autoridades cubanas han dejado sin contestar las solicitudes sobre acceso consular e información relativa a los supuestos ciudadanos estadounidenses vinculados al hecho. La omisión no es menor: en un asunto de esta gravedad, el silencio de La Habana refuerza la desconfianza y deja en evidencia el modo en que el régimen administra cualquier crisis que lo comprometa ante el exterior.
La cancillería cubana identificó a seis sobrevivientes: Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Serrior, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gomez, Amijail Sánchez González y Roberto Alvarez Avila. También divulgó una lista con cuatro fallecidos: Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Héctor Duani Cruz Correa. A la par, el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío insistió en que La Habana ha mantenido comunicación con autoridades estadounidenses y aseguró que estaba dispuesta a intercambiar información sobre el caso.
La otra cara del expediente es la Fiscalía General de Cuba, que mantiene a los seis sobrevivientes en prisión provisional y les abrió un proceso penal por delitos incluidos en el capítulo de terrorismo del Código Penal. Esa decisión coloca el caso en el terreno más sensible del aparato penal cubano, donde la mano del régimen suele caer con dureza cuando necesita fabricar una narrativa de seguridad, control y castigo.
Washington, por su parte, no ha aceptado la versión oficial como palabra final. El secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente JD Vance ya se han referido al episodio, y la respuesta del Departamento de Estado fue tajante: no asumirán como definitiva la versión de La Habana. En otras palabras, el caso quedó abierto en el peor escenario para el régimen, que pretende controlar la información mientras enfrenta una presión política de alto nivel en Estados Unidos.
El episodio expone una práctica vieja del castrismo: ocultar, dosificar y administrar los hechos según la conveniencia política del momento. Cuando hay muertos, detenidos y acusaciones cruzadas, el régimen vuelve a actuar como dueño absoluto de la verdad, pero sin transparencia real ni garantías para los implicados. Esa opacidad no solo complica la relación con Washington; también deja a los familiares y a la opinión pública atrapados en una versión oficial que no despeja las dudas esenciales.
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