La extradición de Martiño Ramos Soto a España sigue atascada en Cuba dos meses después de su detención en una cárcel de La Habana. El exprofesor gallego, condenado a trece años y medio de prisión por abusos sexuales continuados a una menor que conoció cuando tenía 12 años, continúa bajo custodia sin fecha de entrega ni una explicación pública que despeje el estado real del expediente.
Fuentes cercanas a la investigación aseguran que las autoridades cubanas están alargando la tramitación con exigencias adicionales y obstáculos formales que frenan la salida del condenado. A la ausencia de un tratado bilateral de extradición entre ambos países se suma una cooperación marcada por la discrecionalidad, los tiempos muertos y una interlocución opaca que deja el caso suspendido en el aire.
En Madrid, el Gobierno español ha respondido con la misma frialdad burocrática que alimenta la desconfianza: Exteriores se ha limitado a decir que la solicitud se ha tramitado por los canales oficiales, sin detallar plazos, gestiones ni avances. Esa respuesta administrativa choca con la gravedad de un caso que involucra a un condenado por abusos sexuales graves y que depende ahora de decisiones que nadie explica con claridad.
La fuga de Ramos estuvo precedida por una cadena de fallos evidentes. Abandonó España pocos días antes de que el Tribunal Supremo hiciera firme la sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense, y nadie pidió su ingreso en prisión provisional tras la condena en primera instancia. Esa ventana le permitió escapar y construir una nueva vida en Cuba, donde llegó a moverse con identidad pública distinta, frecuentó círculos culturales y trató de regularizar su situación mediante un matrimonio de conveniencia, según fuentes policiales.
El caso dejó al descubierto la fragilidad del control sobre penados no firmes y la debilidad de los mecanismos de retorno cuando el prófugo se refugia en un país sin tratado de extradición. En la práctica, la entrega depende de la voluntad política y de trámites que pueden estirarse sin calendario público, mientras la víctima espera la ejecución de una condena ya acreditada por la justicia española.
Para la parte perjudicada, la única certeza es que el condenado está localizado y bajo custodia. Todo lo demás sigue en una nebulosa diplomática que retrasa la justicia y protege, por inercia o por cálculo, al hombre que huyó para eludir la prisión. Cuba, otra vez, aparece como un territorio opaco donde el poder decide cuánto tarda en llegar una respuesta y a quién beneficia el silencio.
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