La isla volvió a quedar a oscuras este 16 de marzo de 2026 con su sexto apagón nacional en apenas año y medio, una caída total del Sistema Energético Nacional que dejó sin corriente a más de nueve millones de cubanos y volvió a exponer el derrumbe del país. El nuevo corte llegó sobre una red ya asfixiada por apagones de hasta 15 horas en La Habana y de dos días seguidos en varias provincias, en medio de protestas, detenciones y una economía prácticamente paralizada.
El Ministerio de Energía y Minas dijo en redes sociales que no se reportaban averías en las unidades térmicas que estaban en funcionamiento al momento de la desconexión y que se investigaban las causas. El propio anuncio confirma la fragilidad de un sistema sostenido a trompicones, incapaz de resistir una falla más en una red vieja, mal mantenida y administrada por el Estado cubano desde hace décadas.
La secuencia de apagones habla por sí sola. Antes de este nuevo colapso ya habían ocurrido cinco desconexiones nacionales en año y medio, además de varios cortes parciales. El primero se registró en octubre de 2024 por una avería en la termoeléctrica Antonio Guiteras; el segundo, en noviembre de ese año, llegó tras el paso del huracán Rafael por el occidente; luego vinieron nuevos colapsos en diciembre de 2024, en marzo del año pasado y en septiembre de 2025, otra vez con la Guiteras en el centro del problema. En todos los casos, la reconexión tomó días y el restablecimiento completo se alargó todavía más.
La crisis eléctrica cubana responde a una infraestructura envejecida y a una infrafinanciación crónica que el régimen nunca resolvió. Hoy nueve de las 16 unidades de generación térmica están averiadas o en mantenimiento, mientras expertos independientes calculan que rehabilitar por completo el sistema exigiría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, una cifra fuera del alcance de una economía hundida desde hace más de cinco años. A eso se suma la falta de combustible para los motores de generación, golpeada desde hace años por la escasez de divisas y, desde enero, por el bloqueo petrolero de Estados Unidos.
La consecuencia inmediata no se limita a la incomodidad de quedarse sin luz. Gran parte de la industria estatal está paralizada, los servicios esenciales se degradan todavía más y el costo humano se multiplica en cada barrio. Con apagones de este tamaño, cocinar, conservar alimentos, bombear agua o sostener un servicio médico básico se convierte en otra batalla diaria para familias que ya viven al límite.
El régimen insiste en culpar a las sanciones estadounidenses y habla de “asfixia energética”, pero los números y las averías acumuladas apuntan también a décadas de abandono, centralización y desastre administrativo. La economía oficial se ha contraído más de 15 % desde 2020, y los apagones han sido combustible directo del descontento social, desde el 11 de julio de 2021 hasta las protestas recientes en La Habana y Morón. Cada nuevo colapso eléctrico deja al desnudo un país sin reservas, sin respuesta y sin margen para seguir ocultando el fracaso.
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