El régimen cubano volvió a admitir la magnitud de la crisis epidemiológica que golpea la isla: en la última jornada se confirmaron 1.023 nuevos casos de dengue y chikunguña. La cifra, dada a conocer por el Ministerio de Salud Pública, confirma un brote desbordado mientras el sistema sanitario sigue sin capacidad real para contenerlo.
La información oficial detalló 627 contagios de chikunguña, con un acumulado de 40.801 casos, y 396 pruebas positivas de dengue. Aun así, el propio reporte dejó huecos importantes, porque no ofreció el total acumulado de dengue. También se informó que 64 pacientes permanecen en estado grave y 12 en estado crítico, entre ellos 11 menores de un año, el grupo más expuesto a las formas severas de estas arbovirosis.
Las autoridades sanitarias han reconocido que los casos más severos de chikunguña aparecen con frecuencia en bebés menores de un año, niños de 10 a 15 años y adultos mayores. Hasta ahora, el MINSAP ha confirmado 33 fallecidos, 21 de ellos menores de edad, una tragedia que desnuda el costo humano de la improvisación, el atraso y el ocultamiento oficial.
La epidemia se conoce desde hace meses en barrios, policlínicos y hospitales, aunque el régimen la admitió oficialmente el 12 de noviembre, cuando ya los primeros contagios habían aparecido en junio y el repunte se había disparado en septiembre y octubre. Esa demora alimentó las críticas de activistas, opositores, especialistas y medios independientes, que han cuestionado la falta de transparencia con que se ha manejado el brote y los posibles fallecimientos asociados.
El deterioro económico de la isla también pesa sobre la respuesta sanitaria. La escasez de combustible, la falta de camiones para recoger desechos, la suspensión o limitación de fumigaciones, la carencia de pruebas diagnósticas y el desabastecimiento de medicamentos han dejado el terreno servido para la expansión del mosquito Aedes aegypti. En esas condiciones, la basura acumulada y la suciedad en las calles se convierten en criaderos abiertos mientras el aparato estatal sigue sin dar una respuesta eficaz.
Las propias autoridades han admitido además un subregistro de casos, porque muchas personas no acuden a los centros de salud, en parte por la falta de medicamentos. A ese cuadro se suma el vaciamiento del sistema sanitario: entre 2021 y 2024 perdió 29 % de sus médicos y 17 % de su personal de enfermería, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información. El resultado es un país enfermo, con un sistema médico cada vez más debilitado y un régimen incapaz de proteger siquiera a sus niños.
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