El Banco Central de Cuba abrió otra compuerta sobre el dinero que entra a la isla y la puso, como siempre, bajo vigilancia política. Con la Resolución 135/2025, publicada en la Gaceta Oficial y firmada por Juana Lilia Delgado Portal, el régimen autorizó a la empresa estadounidense Cubamax Travel Inc. a operar como transmisora de dinero y a entregar efectivo dentro del país, incluso en dólares.
La autorización permite canalizar fondos a través de instituciones financieras cubanas para depósito en cuentas, tarjetas de débito o prepago, además de entregar dinero en moneda nacional o en divisas a los beneficiarios. Cubamax, con sede en Hialeah, Florida, y licencia de transmisor de dinero en Estados Unidos, podrá hacerlo sin constituirse como persona jurídica en Cuba, siempre que cumpla los requisitos de supervisión, transparencia y ciberseguridad que impone el Banco Central.
La medida tiene una lectura económica y política inmediata. Durante años, el aparato financiero oficial mantuvo trabas al ingreso de efectivo en dólares con el argumento de las restricciones de Washington. Ahora el régimen ensaya otra vía para captar remesas desde Estados Unidos, la principal fuente del dinero que sostiene a miles de familias cubanas, mientras conserva el control del flujo y de cada eslabón del negocio.
La resolución confirma también la dependencia brutal de la economía cubana respecto a la diáspora. El Banco Central no ofrece un mercado transparente ni reglas estables; insiste en un esquema donde todo queda atado al permiso oficial y a la discrecionalidad del Estado. Los cubanos quedan atrapados entre la necesidad de recibir dinero y la burocracia que administra la escasez y convierte cada operación en un acto de sometimiento.
Cubamax deberá nombrar un representante residente en Cuba, mantener sistemas de ciberseguridad y protección de datos, y someterse a la jurisdicción de los tribunales cubanos. También tendrá que informar a los usuarios sobre tarifas, comisiones y riesgos. La letra de la resolución deja claro quién manda: el aparato que regula, autoriza y limita cada movimiento del dinero.
El texto oficial sigue sin precisar puntos esenciales para medir el alcance real de la medida. No define las tarifas ni comisiones, tampoco los límites por transacción, los plazos de entrega ni la cobertura territorial del servicio. Tampoco aclara si los beneficiarios recibirán billetes en dólares o si las entregas terminarán convertidas en pesos cubanos al tipo de cambio oficial. Esa falta de precisión abre espacio a la arbitrariedad de siempre y deja a los usuarios a merced de decisiones administrativas cambiantes.
La Resolución 135/2025 entrará en vigor cinco días hábiles después de su publicación en la Gaceta Oficial, en la primera semana de enero de 2026.
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