Los congresistas republicanos María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Gimenez empujan a la administración de Donald Trump a cerrar las grietas que aún alivian al régimen cubano. En una carta enviada al Departamento de Comercio y al Tesoro, los representantes cubanoamericanos exigieron revisar y revocar licencias de exportación por más de 100 millones de dólares que permiten el envío de bienes a la isla.
La presión llega en medio de una economía asfixiada por el desabastecimiento y por el control político del aparato estatal. Los legisladores dijeron estar preocupados por operaciones de empresas estadounidenses con entidades bajo mando del Estado cubano, al que Washington mantiene señalado como patrocinador del terrorismo. Su reclamo apunta a una auditoría completa de las licencias activas y a la eliminación de cualquier autorización que deje beneficios económicos directos o indirectos en manos del régimen.
En la misiva, los congresistas invocan la Ley Helms-Burton y la Ley LIBERTAD de 1996 para sostener que esas ventas contradicen la intención del Congreso, que fijó las sanciones hasta que exista un gobierno de transición en Cuba. También respaldaron las medidas ya adoptadas por la Casa Blanca y el Departamento de Estado contra La Habana, en una línea de presión que busca cortar ingresos y limitar el margen de maniobra de la dictadura.
El llamado coincide con la advertencia de Miguel Díaz-Canel sobre un escenario de desabastecimiento agudo de combustible que podría empujar al país a medidas de emergencia parecidas a la llamada “opción cero” de los años 90. Los legisladores sostienen que parte de esas licencias autorizan exportaciones que terminan favoreciendo al régimen y a conglomerados controlados por los militares, mientras la población sigue atrapada en la escasez. En una publicación en X, Salazar resumió la postura: las sanciones deben cortar los recursos del régimen y frenar su represión contra el pueblo de Cuba.
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